La Paz (California) – Mientras comunidades de Baja California Sur viven horas de zozobra por una ola de violencia sin precedentes, el Gobierno del Estado guarda un silencio cómplice que agrava la crisis de seguridad.

Pese a las alarmantes cifras extraoficiales divulgadas por el periodista Diego Soto sobre ejecuciones e incendios en Loreto y Comondú, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Oficina del Gobernador han emitido pronunciamiento alguno.

EL SALDO NEGRO QUE EL GOBIERNO OCULTA

Según la recopilación de Diego Soto, corresponsal de LATINUS, este sería el violento balance en 24 horas:

EN LORETO:

• 3 personas ejecutadas: una en cancha Infonavit, otra por la primaria Mercedes Davis y una más en colonia Invi.
• Automóvil incendiado.
• Negocio «El Arbolón» reducido a cenizas.

EN COMONDÚ (CIUDAD CONSTITUCIÓN/INSURGENTES):

• Ataque armado contra vehículo.
• Incendio provocado en vivienda del «Gordo Vega».
• Segunda casa incendiada.

LA DOBLE CENSURA: OFICIAL Y AUTOCENSURA

El silencio gubernamental se agrava por el clima de miedo que obliga a medios y ciudadanos a recurrir a códigos:

• Los términos «ejecutado» se transforman en «3jecutad*» en redes.
• Ninguna autoridad ha desmentido o confirmado estos hechos.
• Las mesas de seguridad anunciadas ayer por la alcaldesa de Loreto no han rendido cuentas.

CONTEXTO DE ALARMA

Este repunte ocurre tras los crímenes reportados oficialmente el 4 de junio:

• Mujer baleada en Constitución.
• Homicidio de hombre en Loreto (colonia Miramar).
• Ejecución de Amairani en Infonavit Loreto.

EXIGENCIA URGENTE

Ante este panorama, la sociedad sudcaliforniana demanda:

1. Información inmediata: Boletines oficiales detallando acciones y cifras reales.
2. Presencia institucional: Aparición pública del Secretario de Seguridad y Fiscal General.
3. Plan de Contingencia: Medidas concretas para restaurar el orden.
4. Rendición de cuentas: Explicación sobre el colapso operativo en la zona.

#BCSExigeRespuestas se ha convertido en tendencia mientras colectivos civiles preparan manifestaciones. El silencio del gobierno no solo agrava la crisis: lo convierte en cómplice institucional de la violencia que hoy tiene en vilo al sur del estado.