Exfuncionario municipal vinculado a proceso por abuso de autoridad en caso de venta ilegal de propiedades

La Paz, California.- El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, ha dado detalles sobre el caso de las mujeres trabajadoras de una calamarera coreana que fueron despedidas de manera injustificada. El gobernador ha señalado que el gobierno no cuenta con los recursos para pagarles los 100 millones de pesos de liquidación, pero se está brindando ayuda a las afectadas.

Castro Cosío informó que se llevará a cabo una mesa de diálogo en Santa Rosalía para discutir la situación con las trabajadoras y explicar qué es lo que el gobierno puede y no puede hacer. Sin embargo, dejó claro que el gobierno no tiene la capacidad para desembolsar los 100 millones de pesos que se solicitan como indemnización.

El asesor legal de las afectadas, Iván Castro Beltrán, ha reportado que seis mujeres trabajadoras han fallecido mientras esperaban justicia por el despido ocurrido hace aproximadamente 20 años en Santa Rosalía. Por esta razón, habían solicitado una reunión con el Gobernador.

Durante una entrevista, el Gobernador resumió el caso, recordando que, después de determinarse que los bienes de la empresa coreana quedaron a nombre de las trabajadoras, un funcionario municipal vendió el terreno a una empresa estatal que se ha amparado para evitar la expropiación.

El Gobernador también mencionó que se ha denunciado al exfuncionario por fraude y venta ilegal de una propiedad que pertenecía a las trabajadoras calamareras. La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción ha informado que esta persona ha sido vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad.

La Fiscalía presentó pruebas contra el exfuncionario identificado como Jesús Manuel «N», quien supuestamente canceló ilegalmente dos embargos a favor de 96 trabajadoras de la empresa calamarera, sin ninguna orden judicial, y realizó registros de compra-venta de los mismos bienes.

El Gobernador ha acordado reunirse con las afectadas a través de una mesa de diálogo para discutir qué puede hacer el Gobierno Estatal por ellas. Aunque las trabajadoras han solicitado una indemnización, el mandatario ha dejado claro que el estado no tiene la capacidad para hacerlo debido a la suma de más de 100 millones de pesos.

La Fiscalía Especializada ha mencionado que cumplirá con lo dictaminado por el Juez de Control y que se les ha otorgado un plazo de 15 días para concluir las investigaciones y solicitar una audiencia para imputar los cargos correspondientes, siguiendo las etapas establecidas por el Proceso Penal Oral.