La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiga las acusaciones realizadas por grupos ambientalistas

La Paz, California.- Una denuncia presentada por grupos ambientalistas dedicados a la protección de las tortugas marinas ha desatado un escándalo al señalar a dos figuras públicas por presuntamente consumir carne de esta especie en peligro de extinción.

La denuncia, presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el folio 0302885, mantiene en anonimato la identidad de estas personalidades por motivos de seguridad. Sin embargo, su presunta participación ha generado preocupación y rechazo en las redes sociales, mientras las autoridades competentes se ven en la obligación de investigar y tomar medidas para salvaguardar la integridad de estas especies amenazadas.

La organización Tortugueros México ha sido la encargada de presentar la denuncia, la cual ha causado una fuerte indignación entre la ciudadanía. Imágenes compartidas en las redes sociales muestran la carne de tortuga marina preparada dentro de su propio caparazón, lo cual ha generado una gran alarma en cuanto a la protección de estas especies emblemáticas en México. Cabe destacar que las tortugas marinas se encuentran protegidas por leyes que prohíben su captura, consumo, uso o posesión de carne, huevos o derivados.

En relación a la denuncia, se menciona a Víctor «N», conocido en la esfera pública de Baja California Sur por su labor como comunicador, como uno de los individuos señalados en las publicaciones que posteriormente fueron eliminadas de sus redes sociales, en las cuales presumía haber consumido carne de tortuga marina. Estas publicaciones han generado interrogantes sobre la vigencia de la veda establecida para esta especie. Sin embargo, los defensores de los derechos de los animales han reiterado que la veda continúa en plena vigencia y que el consumo de tortuga marina está terminantemente prohibido.

Además de Víctor «N», la denuncia también involucra a Héctor «N», exgerente de la Administración Portuaria Integral (API) de Cabo San Lucas y exdirector de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) Los Cabos durante la administración de Armida Castro. En caso de comprobarse su participación en la captura, daño o almacenamiento de productos derivados de las tortugas marinas, las multas impuestas podrían alcanzar aproximadamente los 7 millones de pesos.

Las acusaciones presentadas contra Víctor y Héctor «N» incluyen la captura, daño o privación de vida de un ejemplar de tortuga marina, así como el consumo de una especie en peligro de extinción y su captura durante el periodo de veda. Además, se les señala por infringir las leyes que protegen a las especies acuáticas en veda, así como por su presunta complicidad y encubrimiento de grupos dedicados al tráfico ilegal de tortugas.

La denuncia ha generado una gran preocupación en la comunidad, y se espera que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva del caso y tomen las medidas necesarias para asegurar la protección de las tortugas marinas y garantizar el cumplimiento de las leyes establecidas para su conservación. La sociedad civil y los grupos ambientalistas estarán atentos al desarrollo de este caso, exigiendo justicia y el respeto a la vida de estas especies emblemáticas de los mares de Baja California Sur.