Pleno apoyo y solidaridad con las demandas laborales de los más de 1,300 trabajadores de Exportadora de Sal y la exigencia al Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, de un trato justo hacia ellos, así como un cambio a la actitud de cerrazón de la directiva de Exportadora de Sal, en el proceso de revisión salarial que se realiza ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, exigió la diputada federal Jisela Paes.

La diputada reprobó la respuesta negativa de la empresa a las demandas de los trabajadores, aduciendo que existen problemas en el mercado internacional de la sal, cuando el solo cambio en la paridad peso-dólar significó este año un aumento del 30% de sus ingresos por la venta de este producto, que en 2015 fueron por el orden de los 200 millones de dólares al año, por lo cual es injusto e inadmisible el trato a sus trabajadores, ya que la revisión salarial que exigen impactaría no más allá de 7 millones de pesos directo al salario.

Manifestó que por las dudas respecto al funcionamiento de esta Empresa de Participación estatal habrá de solicitar ante la Cámara de Diputados  la formación de una Comisión Legislativa de Investigación, conforme el artículo 93 constitucional, con amplias facultades para revisar su funcionamiento y las presuntas irregularidades que se han denunciado sobre su administración y política de ventas, a fin de preservar a esta empresa de gran importancia para el pueblo sudcaliforniano.

Tras reunirse con la dirigencia sindical encabezada por Luis Martín Pérez Murrieta, les ratificó su total e incondicional apoyo a la base trabajadora y su compromiso de solidarizarse en esta justa demanda por la defensa de sus derechos laborales, así como a que por ninguna causa se despedida a algún trabajador.

La diputada rechazó la actitud de esta empresa de participación estatal, la cual ha sido denunciada por beneficiar a la empresa Mitsubishi, titular del otro 49% de las acciones, por acordar con ésta un contrato de exclusividad de las ventas, incluso por debajo del precio internacional, generando un daño al patrimonio de Exportadora de Sal, el pago adicional de un 3% sobre las ventas y la formación de otra empresa para transportar la sal, la Transportadora Baja Bulk Carrier, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Marshall.

Señaló la Diputada Jisela Paes como totalmente falsa la condición de emergencia de Exportadora de Sal y destacó la necesidad de exigir una revisión minuciosa a esta empresa paraestatal y a Baja Bulk Carrier, así como la de exhortar a las autoridades laborales a facilitar el arreglo de las partes y cumplir con su función de conciliar, pues el diálogo es la única forma que podrá generar los acuerdos que requiere la estabilidad laboral de los trabajadores.

Consideró que si Exportadora de Sal vendió a Mitsubishi la tonelada métrica de sal entre 10 y 26 dólares y la empresa japonesa la ha revendido en el mercado internacional, entre 50 y 80 dólares, por lo que cada dólar de diferencia en el precio de la sal representan 150 millones de pesos extras por año, los trabajadores debieran recibir un beneficio de esa magnitud.

Estas y otras irregularidades en el manejo financiero de la empresa se han denunciado en detrimento de las utilidades que debieran corresponder por ley a los trabajadores de la empresa y ahora ofrecen reducir prestaciones a los trabajadores y les niegan un incremento salarial, con lo que queda clara la voluntad de la empresa de que estalle el conflicto laboral.

En virtud de ello les expresó su apoyo a los trabajadores ante el formal emplazamiento a huelga que han realizado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como resultado de la poca disposición de los directivos de la empresa para negociar los términos del contrato colectivo, aduciendo la reducción de las ventas de 7.5 a 6.5 millones de toneladas de sal.

Señaló que si la autoridad no cambia de actitud, la huelga estallará el próximo martes 18 octubre, no obstante que los trabajadores tratan de evitarlo, recordando que el pasado 7 de octubre tuvo lugar una audiencia de Conciliación ante la autoridad, en donde la actitud de los apoderados legales de la empresa fue de cerrazón para llegar a algún acuerdo.