Piden que ya se deje de pisotear la ley

Por: Armando León Lezama

“Que no se borre de un plumazo a un grupo numeroso de trabajadores y sus familias dedicados históricamente a ejercer como choferes del transporte en sus diversas modalidades, que el gobernador no siente sus reales, ya que aunque sea el mandatario estatal se tiene que disciplinar y respetar la ley vigente en esta materia, ya que la soberanía reside en el Pueblo y no debe olvidarlo pensando que por ser autoridad sus ideas y proyectos son los mejores”, expresan en coincidencia los representantes de los trabajadores del volante en el Estado de Baja California Sur.

Se trata, se afirma, de “que la autoridad estatal no pisotee la ley de transporte y que nuestra entidad no sea contagio de la situación que impera en nuestra República mexicana donde la corrupción está hasta la médula y por ello haremos antecedente de lucha con la bandera de la democracia participativa y la figura de la auditoría articulada que ya se practica en América Latina, que consiste en aportar elementos técnicos jurídicos y pruebas documentales de actos de corrupción, omisión de la ley, imposición de autoridad entre otros elementos de descomposición social”, precisaron los voceros del movimiento estatal de transportistas.

De manera que para ya no permitir que la autoridad estatal esté dando beneficios sin apego a derecho, dejando en el papel y la basura la ley vigente de transporte en nuestra entidad, para permitir que empresas si concesiones, ni permisos trabajen al amparo del tráfico de influencias e información privilegiada, es que a partir del día 26 de abril reinician las actividades encaminadas a no permitir monopolios disfrazados, es decir, la aparición de empresas de empresas y más empresas para parecer competencia pero en los hechos legales es un monopolio.

En este entendido se integró un gabinete ciudadano de defensa jurídica en contra del monopolio en el transporte del Estado de Baja California Sur, por parte de la ASATA – Alianza de sitios de automóviles y transportes de alquiler, Asociación Civil – en la entidad. Precisan que Carlos Mendoza Davis, gobernador constitucional para el periodo 2015 – 2021,  está detrás del monopolio en el transporte en todas sus modalidades que se está concretando y avanzando de manera arbitraria e ilegal porque no se acata la ley estatal en la materia.

Presentes en rueda de prensa, Pedro Enrique López, presidente de ASATA, con poder general para pleitos y cobranzas debidamente protocolizado, Lucía Trasviña Wandenrath, abogada sudcaliforniana con trayectoria en la lucha social en nuestro país y Sergio Salgado, prestigiado abogado, encabezaron el encuentro acompañados de representantes de las agrupaciones adheridas al gabinete ciudadano de defensa jurídica contra el “monopolio disfrazado” que ya ocurre en nuestra media península en materia de transporte.

Antes de aceptar que el tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, colocación de personas idóneas en puestos clave del transporte, conflicto de intereses, impunidad, violación a la ley estatal del transporte, provienen del protagonista del Plan de desarrollo para Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis, empezaron ratificando su solicitud de destitución del cargo de administrador del consejo de la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V. y del cargo de director general de APIS S.A. de C.V. que ocupa José López Soto por motivos y consideraciones de hecho y de derecho, particularmente, conflicto de intereses.

Para ello, presentaron un documento entregado previamente y sellado por parte de la secretaría particular del gobernador, la contraloría general, el consejo de API BCS entre otras instancias donde se detalla y argumenta los porque debe ser destituido José López Soto. De manera puntual se le señala por motivos de conflictos de intereses y manejo de información privilegiada ya que es vigente representante de empresas privadas del transporte y a la vez funcionario estatal.