Por Raymundo León Verde

+ Centros de rehabilitación de adictos, sin control estricto

+ Lejos de cumplir los lineamientos de la NOM 028

+ No hay regulación local, señalan autoridades de derechos humanos

+ Un homicidio y dos muertes por desatención son una alerta

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Silvestre de la Toba Camacho, hace falta una regulación específica sobre los centros de rehabilitación de adictos en Baja California Sur, ya que hasta ahora lo que existe es una Norma Oficial Mexicana 028, cuyo contenido es un cúmulo de buenas intenciones, que en la mayoría de los casos se quedan en eso, sobre todo porque en esta entidad el Consejo Estatal contra las Adicciones sólo tiene reconocidos cinco de los 22 centros establecidos en los cinco municipios, los cuales atienden a varios miles de adictos, principalmente a las drogas.

Es decir, al parecer la mayoría de estos centros operan como sea, por ex adictos que tras haber salido de un lugar así, donde se les rehabilitó, consideran que ya tienen el conocimiento y la experiencia para poner su propio centro, aplicando las mismas “técnicas” que fueron utilizadas con ellos.

Lo anterior es muy delicado y prueba de ello es que durante lo que va del año han muerto tres personas directamente relacionadas con la “atención” que se les ofreció en los centros de rehabilitación, el suceso más escandaloso en Guerrero Negro, donde a un empleado se le pasó la mano con un interno al jalonearlo de la cabeza y romperle el cuello, cuando éste se encontraba atado de manos y pies, suponemos que como parte de la estúpida forma de tratar a los pacientes más complicados.

En fin, el caso es que el ayudante administrativo fue detenido por las autoridades ministeriales por el delito de homicidio, el que lo mandó se mantiene en libertad sin cargo alguno, y las autoridades ahora sí fueron a ver cómo funcionaba ese centro de rehabilitación, donde había alrededor de 170 pacientes, y digo había porque muchos internos fueron sacados por sus familiares antes de que les pasara otra cosa, además de su problema de adicción.

Los otros dos casos fueron por un tratamiento de medicación inadecuado en Mulegé y la desatención de una persona que padecía de meningitis en Ciudad Insurgentes, la cual fue entregada a sus familiares cuando ya estaba en agonía, y es que en muchos centros de rehabilitación ni siquiera aplican el examen médico correspondiente a las personas que son internadas y si llegan enfermas, pues así son sometidas a su tratamiento para contrarrestar su adicción, lo cual puede a ocultar el padecimiento y llevarlo a resultados fatales como fue este suceso.

Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la comisión correspondiente en el Congreso local están concientes de que esta regulación hace falta para meter en cintura a todos los centros de rehabilitación de adictos en la entidad y no queden sueltos, bajo la tutela de una NOM 028, cuyos lineamientos quedan lejos de ser aplicados por falta de una supervisión estricta e imprecisa en cuanto a las autoridades responsables de hacerlo, sólo es específica con relación a la Secretaría de Salud.

No se requiere que suceda un caso como el de Guerrero Negro, para que ahora sí, todo mundo se presente a revisar las instalaciones y el modus operandi, para lo cual los señores del centro se prepararon para recibir a las autoridades y que no les clausuraran.

No estoy en contra de que existan este tipo de centros de rehabilitación, pero ciertamente deben tener las condiciones necesarias para funcionar bien y cumplir con su cometido que es dar una atención especializada y efectiva para que los adictos puedan salir adelante. De ahí la necesidad de que además de la NOM 028 haya una normatividad local que exija y verifique su cumplimiento en todos los casos y no sólo en aquellos centros que están reconocidos, donde aun con ello murieron las tres personas citadas.

Se requiere que cada una de las dependencias relacionadas con el funcionamiento adecuado de estos centros estén presentes siempre y no sólo cuando se registra un incidente. Que la Coepris verifique los alimentos que se proporcionan, que la Secretaría de Salud cheque si se hacen o no los exámenes médicos en el ingreso de los pacientes y que obviamente haya consultorios y especialistas en medicina, psicología y trabajo social, profesionales que coadyuven en la atención de los adictos, que Protección Civil supervise sí hay extintores y todo lo necesario en instalaciones para que no ocurran incendios y otros accidentes mortales como ha sucedido en otros lugares del país.

Que no sea la palabra de dios, como a veces escuchamos en los camiones donde se suben ex adictos pidiendo dinero para sus “hermanos” en desgracia, sino la reglamentación el principio de la atención para que los adictos superen su problema; pues la fe ayuda, pero el soporte científico y profesional es indispensable.

Así que el Congreso del Estado ahí tiene un tema importante para tratar, en el que el petista Camilo Torres lleva mano como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a fin de sacar una iniciativa propicia para que ya se dé la reglamentación que hace falta a fin de que la NOM 028 sea cumplida a cabalidad y no sea un asunto de voluntad de las autoridades implicadas en el control de estos famosos centros de rehabilitación.

Sus comentarios raymundoleon2004@yahoo.com.mx