Por Víctor Octavio García

Reforma constitucional

* Concentración de poder

La iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo al Congreso de Estado el pasado 30 de octubre sobre una reasignación tributaria con el fin de que el gobierno del estado recaude productos, derechos y servicios que otorgan los municipios, no deja de ser un catálogo de buenos propósitos traducidos en una abusiva concentración de poder político que obligará a los legisladores de la bancada del PAN en la Cámara local hacer actos de desdoblamiento o doblar la cerviz. Por qué, porque la iniciativa de reforma constitucional exhibe los propósitos autoritarios de una propuesta draconiana que lo que le quita a uno le otorga al otro; por un lado le otorgarían mayores facultades recaudatorias al gobierno del estado en materia tributaria y por otro, sentenciarían a los municipios a sobrevivir en una prolongada y dolorosa agonía financiera.

Pero el “punto de quiebre” no es ese, –que es decir mucho–, sino el “tiro de gracia” que significaría su aprobación porque trastocaría severamente la esencia misma que le dio origen a los municipios en el país; un terrible atentado que sufrirá la potestad municipal al verse coartadas sus facultades y atribuciones que la ley les otorga y los que es peor, se negaría el espíritu del Art. 115 constitucional al dejarlos en franco estado de indefensión financiera pues quedarían sin los cobros por control vehicular, registro público de la propiedad y el comercio, catastro y registro civil. De hecho se trata de un nuevo pacto fiscal –como se asienta en la exposición de motivos– nada más que al revés en abierto prejuicio de las maltrechas haciendas municipales, es decir, un auténtico “golpe fiscal” que despoja a los Ayuntamientos de al menos el cobró de cuatro importantes fuentes de recaudación.

Los municipios demandan políticas públicas y nuevos esquemas orientados a fortalecer sus economías, no propuestas autoritarias y atentatorias que los despojen. Los pretextos que se esgrimen en la exposición de motivos, –Lights y vagos–, de que es necesario fortalecer la capacidad recaudatoria a fin de aspirar a mayores recursos vía participaciones federales (Ramo 28), es cuestión de que los municipios refuercen sus políticas y esquemas y tributarios mediante una Ley de Hacienda clara, que garantice la proporcionalidad, equitativa y legalidad consagrada en la constitución y que se traduzca en un ejercicio recaudatorio productivo y eficaz que sin caer en acciones punitivas sea enérgico contra los contribuyentes morosos; actualizar los manuales de Policía y Buen Gobierno, modernizar los reglamentos internos y crear una verdadera normatividad; homogenizar las tarifas tributarias, implementar un verdadero sistema de rendición de cuentas para que el contribuyente conozca el origen y destino final de los recursos que se recaudan y administran y no, como se pretende, una abusiva reasignación de potestades tributarias para armonizar un nuevo marco fiscal estatal que en los hechos resultará mucho más discrecional, injusto y anticlimático que el que ya existe.

La baja recaudación que registran los municipios –incluyendo el estado– que le otorga a BCS el último lugar en productividad recaudatoria, no es un problema de reformas ni de reasignación de potestades tributarias, sino de voluntad política; de un imperdonable descuido histórico de la clase gobernante que en lugar de administrar el patrimonio público han hecho grilla y lo han hecho otorgando generosas dádivas obtenidas con recursos públicos o a través del manejo discrecional y poco transparente en el cobro y exenciones tributarias.

Es totalmente cierto que BCS ocupa el último lugar en términos recaudatorios y que esto ha castigado al estado con menos recursos federales del Ramo 28, cuyas asignaciones se distribuyen de acuerdo a un  esquema conocido como la “teoría de juegos” cuyo reparto se realiza bajo el esquema del juego suma cero. Es decir, lo que una entidad federativa gana, otras lo pierden. La bolsa a repartir del Ramo 28 es un monto fijo que se distribuye de acuerdo con la evolución que tengan los coeficientes de reparto.

Un nuevo pacto fiscal no debe ir orientado a despojar a los municipios de sus facultades recaudatorias, por el contrario, obliga a otorgarles mayor proporcionalidad, equidad y certeza legal y fiscal en el cobro de sus contribuciones; a homogenizar las leyes de hacienda municipales sin necesidad de reformar la constitución y a cubrir aquellos vacíos recaudatorios que la ley de coordinación fiscal ha mantenido en sigilo o coordina de manera inequitativa y gandalla. Es decir, revisar a fondo y a conciencia el esquema tributario que impera en el estado y en los municipios cuyos desfases hacen nugatorio o imposible cualquier esfuerzo por obtener mayores recursos a través de la recaudación y no, recurrir al expediente fácil de reformar la constitución.

Un pacto fiscal que establezca con claridad esa proporcionalidad, equidad y legalidad que la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso no explica a cabalidad. Los legisladores que reformaran la constitución solo para otorgarle más poder político al gobernador desconocen cómo, cuándo y en qué proporcionalidad se regresaran lo recaudado a los municipios por control vehicular, catastro, registro público de la propiedad y registro civil. Lo único que intuyen  y esgrimen –porque seguramente no han leído la iniciativa de reforma– es que hay que fortalecer la tarea recaudatoria sin crear nuevas contribuciones para acceder a mayores participaciones del Fondo de Participaciones Federales, mucho menos imponerle trabas o castigos a los sectores productivos; fuera de eso con una enorme facilidad se pierden en el bosque.

En lo político la iniciativa de reforma se tornará en un peligroso “boomerang” que les pegará a los propios panistas que aspiren para el 2018 a nuevas candidaturas, así como a aquellos alcaldes que aspiren y suspiren por aparecer en las boletas electorales en el 2018, al despojarlos de sus facultades tributarias limitándoles –y fiscalizándole–sus ingresos, convirtiéndolos en verdaderas parias presupuestales del gobierno del estado del que dependerán hasta para comprar una soda. ¿Échense ese trompo a la uña?

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