Por Raymundo León Verde

Juicio político contra ex “servidores públicos” de La Paz

+ Las tentaciones de los últimos meses en el gobierno
+ Hay mucho tiempo entre las elecciones y las tomas de protesta
+ No me ayuden compadres, debe decir el PRI a sus ex regidores

Queda claro que la ley tiene que reformarse para que los resultados finales de una elección no queden tan lejos de la toma de protesta de las nuevas autoridades, pues más de tres meses de espacio en el caso de los ayuntamientos dan tiempo para que los que se van hagan de las suyas como sucedió en la pasada administración de La Paz.

Sólo por citar lo que es más evidente, con el corredor de autos a la cabeza Francisco Monroy, ex funcionarios y ex regidores concesionaron ilegalmente el alumbrado público a una empresa recolectora de basura muy cuestionada en el estado de Nayarit, lo que implicaba un negocio redondo para esta, pero no para el ayuntamiento; autorizaron a escondidas y pasando por alto la reglamentación el cambio de uso de suelo a terrenos no acreditados en propiedad a Desarrollos Zapal, promovente del proyecto minero Los Cardones; y se obsequiaron 22 licencias de alcohol como si fuera un premio por sus valiosos servicios a la ciudadanía.

Se sospecha que en los dos primeros casos las empresas beneficiadas podrían haber bonificado a ex funcionarios y ex regidores, y en el segundo pues no hubo necesidad, simplemente se auto asignaron los permisos para la venta de alcoholes sin pagar un solo centavo.

Tal parece que a los ex funcionarios y ex regidores del PRI, la derrota de su partido en las elecciones les sirvió de pretexto para llevar agua a su molino, bajo el supuesto de que el tricolor tardaría mucho tiempo en regresar a la administración estatal y en el municipio de La Paz.

Algunos de estos ex regidores, operadores políticos en campaña,  se quejaban de que su partido los había dejado solos, trabajando sin recursos frente a una poderosa maquinaria del PAN. Tal desanimo podría haber derivado en la tentación de cobrar bien antes de dejar el cargo, aun y cuando sus decisiones fuera incongruentes con posturas asumidas antes como en el caso de Los Cardones. De repente, como si alguien $$$ los hubiera iluminado le encontraron bondades al proyecto minero y fuera de todo orden y con la  oposición de la mayor parte de la sociedad simplemente autorizaron el cambio de uso de suelo.

En el caso del alumbrado público, otra incongruencia al concesionar este servicio cuando ya contaban con 8 mil luminarias del gobierno del estado, y como cereza y sin rubor alguno, pues de una vez se regalaron licencias de alcohol, tres de las cuales por cierto ya fueron clausuradas, la del ex secretario general Guillermo Beltrán, la del ex tesorero Rosendo Castro y una de las tres del ex regidor del Partido de Renovación Sudcaliforniana Eduardo Carballo Ruiz, que deja en claro que esto de las prebendas y la corrupción no distingue partidos.

Claro que el PRI es el partido que más desgaste tiene (porque el otro sólo existe en campañas) y es el primero en deslindarse de sus ex funcionarios y ex regidores, sin conseguirlo, máxime que estaban en el aparador estatal como la única administración tricolor en el periodo de Marcos Covarrubias y los panistas obviamente no quitarán el dedo del renglón en recordárselos un día sí y otro también.

Y si no ahí está la aprobación de juicio político contra los ex funcionarios y ex regidores.

Los panistas como es de esperarse ni tardos ni perezosos dieron luz verde a la denuncia que presentó el actual ayuntamiento de La Paz en contra de sus antecesores, por lo que todo parece estar acomodado para la inhabilitación hasta por 20 años de los acusados por el asunto de Los Cardones, lo que sentaría un precedente que la ciudadanía no vería nada mal, pues se dejaría de lado la retórica para ir a los hechos, sancionar a los “servidores públicos” que cometen actos ilegales.

Por lo demás los panistas ya dieron marcha atrás a la concesión del alumbrado público y falta la clausura de todos los demás permisos de alcoholes, aunque aquí obviamente queda la molestia para muchos sí basta con ello o con que los paguen y ya para darle carpetazo a este asunto.

La pregunta es ¿y dónde queda el abuso de autoridad? ¿por qué los ex funcionarios y ex regidores tienen el privilegio, primero de conseguir licencias de ese tipo sin cubrir los requisitos indispensables y segundo sin pagar un quinto?

En fin, esa es un arma de doble filo para la administración de Armando Martínez, pues el hecho de que paguen los permisos ahora o se les cancelen no debería dejar impunes a los implicados.

Estos ex funcionarios y ex regidores dejaron en bandeja de plata las críticas al PRI, pero ojo, la administración de Armando Martínez sigue caminando y no puede quedarse sólo en los señalamientos, se espera que haga mucho mejor las cosas que sus antecesores, sobre todo porque cuenta con el apoyo claro del gobierno del estado, que es del mismo color azul.

Y regresando al principio de este texto, insisto en que para no dar estas tentaciones, las nuevas administraciones deberían entrar poco tiempo después de las elecciones y comenzar a trabajar con todo, pues se supone que en campaña los candidatos ya traen propuestas y planes de trabajo, y sólo habría que afinarlos conforme avanza la gestión. De lo contrario, la tentación de llevar agua a su molino queda abierta.

Para sus comentarios raymundoleon2004@yahoo.com.mx