Por Víctor Octavio García

Política y espectáculo

* ¿Procederán?

Hoy, BCS está inmersa en escándalos mediáticos con resultados poco claros que nada ayudan a despresurizar el enrarecido escenario político local. Tal parece que se trata de una redición de lo que pasó en el 2001, cuando las acusaciones de los “buenos” contra los “malos” se apropió de la agenda y de la discusión cotidiana para quedar finalmente en eso; en escándalos.

En ese entonces, los recién ungidos gobernadores de BCS y Zacatecas enfrentaron el mismo desafío; obligaban a sus antecesores a que rindieran cuentas y pagarán con cárcel por los ilícitos e irregularidades cometidas o cubrieran los desfalcos restituyendo los recursos mal habidos al erario público. Zacatecas optó por el segundo esquema; obligó a los ex funcionarios –incluyendo al ex gobernador– a cubrir los desvíos ante el erario público con dinero, bienes o propiedades. No obstante que se trató de un proceso largo, tortuoso, desgastante y complicado, Ricardo Monreal Ávila logró su objetivo. En BCS se optó por la defenestración con un escandaloso manejo mediáticos de los expedientes de los indiciados; se creó una Fiscalía Especializada exclusivamente para atender y darle seguimiento a las demandas; se destinaron enormes cantidades de dinero publico en la contratación de abogados y crear toda una infraestructura para cobrar venganzas político personales, se alentaron juicios sumarios contra los acusados y promovieron campañas mediáticas de linchamiento contra los iniciados, la sociedad se dividió y las diferencias se profundizaron. Al final del día, los indiciados fueron absueltos por los Tribunales federales y los presuntos desvíos y desfalcos nunca se comprobaron.

Vale la pena que los alcaldes recién ungidos que traen ruidos con sus antecesores vean esa fotografía en tiempo real, al margen de defenestraciones distorsiones y venganzas políticas. BCS demanda, hoy más que nunca, que los ex funcionarios, incluyendo a los ex alcaldes que cometieron ilícitos e irregularidades durante sus administraciones en perjuicio de la sociedad, respondan ante la ley, y de comprobarse irregularidades paguen por sus fechorías. Y aquí no hay más que de dos sopas; o integran debidamente los expedientes para que no se les “caigan” en los Tribunales por inconsistencias e interpretaciones distorsionadas de la ley, o los obligan a restituir ante el erario público los recursos mal habidos de los que los cuestionan.

El jueves pasado, el ex alcalde de La Paz y ex gobernador del estado, tras 14 años de silencio sobre el “miniproceso” (que finalmente resultaron un largo vía crucis) instruido por él en contra de sus antecesores que dejó en la sociedad amargos recuerdos, y de su fallido intento de llevarlos ante la justicia para que rindieran cuentas y respondieran por los señalamientos y denuncias, habló de su “experiencia acumulada y de buena fe” sobre los fuertes señalamientos hechos por el nuevo alcalde de La Paz en contra de la administración que encabezó la ex alcaldesa Esthela Ponce Beltrán. En entrevista para Peninsular Digital, Leonel Cota Montaño cuestionó severamente el proceder del nuevo alcalde Armando Martínez Vega, al señalar; “que es un hecho que sí hubo un enorme despilfarro de recursos con Esthela Ponce, pero eso no significa que deban de ser despedidos de manera tan severa trabajadores del municipio, el verdadero esfuerzo de recomposición empieza por arriba, no por abajo, no tiene sentido correr a trabajadores que ganan mínimo y dejar funcionarios que ganan máximo, será creíble -digo esto desde luego, por la experiencia acumulada- y lo digo de buena fe, cuando el esfuerzo empiece por construir las estructuras municipales, desde la presidencia hacia abajo” argumentó el también ex alcalde, luego de sembrar sus dudas de que a la ex alcaldesa “puedan hacer algo” porque, expresó, “el PRI la dejó bien blindada, la hizo diputada federal”.

Desde luego que 2015 no es 2001, y las condiciones políticas son totalmente distintas, como distinto es el mosaico político que priva en el país. Hoy, en los albores de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción cuya reforma constitucional fue promulgada en mayo de este año, los nuevos alcaldes seguramente deben de sentirse estimulados para hacer los que les corresponde, es decir, integrar debidamente las demandas que presuntamente interpondrán contra de sus antecesores o, como en el caso de Zacatecas, obligar a los ex funcionarios y ex alcaldes (a) a que restituyan el daño causado al erario público reintegrando los recursos mal habidos o en su caso cubran los desvíos y malos manejos con bienes y propiedades; solventen las observaciones hechas con anterioridad por los órganos de fiscalización y aclararen a satisfacción dónde, cómo y porqué los recursos desviados que presuntamente alientan las denuncias y señalamientos en su contra al hacer mal uso de los recursos que supuestamente fueron desviaron a otros objetivos distintos para el cual estaban asignados.

Sería imperdonable e inadmisible que después de los escándalos no pase nada, ya por incapacidad, flojera, impotencia, indolencia o falta de voluntad política. Cabildear en torno al desafuero de la diputada federal Esthela Ponce, no va a ser fácil ni es lo más recomendable para el grupo en el poder, porque gracias a Esthela Ponce ellos están donde están disfrutando las mieles del poder. En suma, las complicidades de una y de otros significan, más allá del desafuero mismo, un obstáculo casi insalvable que obstruirá el libre tránsito de la justicia y el viejo e incumplido anhelo de que en este estado se haga justicia. ¡Qué tal!

Para cualquier comentario, duda o aclaración, diríjase a abcdario_@hotmail.com

SOBRE EL CABRESTO
El Dr. Ramón Alejandro Carballo Cota, en representación de los médicos colegiados de Baja California Sur viajará esta semana a Veracruz, donde habrá de participar con dicha representación los días 16 al 19 de noviembre de  2015, en la XXI ASAMBLEA DEL COLEGIO MÉDICO DE MÉXICO (antes FENACOME), con sede en Veracruz. El tema principal es el PROYECTO DE  COLEGIACIÓN OBLIGATORIA A NIVEL NACIONAL y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL, RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA LEGAL MÉDICA…..Salud.