Medida dolorosa, pero acertada

Por Raymundo León Verde

Con una deuda general de mil millones de pesos, la suspensión del servicio eléctrico y los servicios públicos municipales, el paro de trabajadores por la falta de pago de salarios y prestaciones, la concesión del alumbrado público a una empresa en condiciones desventajosas para el gobierno municipal, y la autorización del cambio de uso de suelo a la promotora del proyecto minero Los Cardones bajo circunstancias que hacen dudar de su legalidad concluyó la pasada administración municipal de La Paz.

Un verdadero desastre es lo que dejaron las anteriores autoridades del municipio que inició Esthela Ponce Beltrán y concluyó Francisco Monroy Sánchez.

Una administración que por todos lados dejó mal parado al Partido Revolucionario Institucional que por más que se deslinde de las decisiones de sus regidores y funcionarios de primer nivel, pagó y tendrá que seguir pagando la factura política correspondiente, porque en un escenario como este no será fácil que se levante ante los ojos de la ciudadanía.

Esthela Ponce entró al ayuntamiento de La Paz con un buen bono político que le permitió competir por la candidatura del PRI a la gubernatura y al final negociar una diputación plurinominal; sin embargo, tal parece que la nave se le salió de control, y al final los regidores terminaron por estrellarla cuando ella la abandonó, aprovechando la falta de liderazgo y experiencia de un presidente municipal saliente, que demostró que como buen corredor de autos es un pésimo político.

Hoy toca a las nuevas autoridades panistas con pasado perredista encabezadas por Armando Martínez Vega enderezar el barco con medidas poco populistas, pero que parecen necesarias como el recorte de personal y una revisión general de la nómina que si me apuran debería incluir la gran cantidad de bonos que reciben los trabajadores sindicalizados.

Según el nuevo alcalde la nómina del ayuntamiento paceño alcanza los 44 millones de pesos al mes, que sirven para pagar a 3 mil 800 empleados, 2 mil 600 de confianza y 1,200 sindicalizados. Es decir, un número similar al del estado de Puebla o de Durango.

O sea que el ayuntamiento venía pagando 528 millones de pesos al año en personal, sin contar aguinaldos, vacaciones y otras remuneraciones, lo que sin duda se convierte en un problema mayúsculo que deja poco margen de maniobra para obras y acciones de carácter municipal.

Por eso, la determinación de Armando Martínez de recortar mil trabajadores de confianza, con menos de nueve años de antigüedad, es decir, contratados por las administraciones de Víctor Castro, Rosa Delia Cota y Esthela Ponce me parece una medida dolorosa, pero acertada, pues es evidente que el ayuntamiento puede operar con menos personal y que su sobrepoblación obedece más al pago de favores que a una verdadera necesidad de contratación.

Martínez Vega hoy aprovecha además la oportunidad de la Secretaría de Hacienda de otorgar los 50 millones de pesos que se requieren para la liquidación de los trabajadores que por lo que se observa, en su mayoría, han tomado las cosas con calma, esperando sus pagos y la expectativa de ocuparse fuera del gobierno municipal.

No sé si los 2,800 trabajadores que quedarán siguen siendo muchos o son los que se requieren para que opere al cien por ciento la maquinaria municipal, lo que es cierto es que ahora el reto de la nueva administración es demostrar que su decisión fue atinada y jamás La Paz volverá a quedarse en penumbras, sucia, con cientos de baches, semáforos sin funcionar y montones de basura por doquier que provocaron una epidemia de diarrea por toda la ciudad.

Con esta medida no hay, no debe haber pretexto para que la ciudad, el municipio, sea tirado como lo hicieron las anteriores autoridades municipales, pues se espera que el ahorro de 10 millones de pesos al mes, 120 millones al año, 360 millones de pesos en tres años, sirva precisamente para pagar completo y a tiempo a los trabajadores, y exista operatividad en los servicios públicos municipales, que al final de cuentas es la sustantiva misión del municipio.

La medida del recorte no es popular, seguro genera inconformidad entre los afectados y seguro será aprovechada por algunos políticos, pero me parece congruente con la idea de sacar adelante la administración municipal que de otra forma está condenada al fracaso.

Me imagino igual que Armando Martínez ya midió el impacto de esta decisión y si bien es cierto sabe que le generará un desgaste en imagen también sabe que de resultar le evitará muchos dolores de cabeza cada quincena y al final podrá maniobrar recursos para quedar bien con el grueso de los habitantes del municipio de La Paz.