Cabo San Lucas, B.C.S.- Ahora que los partidos políticos se han propuesto analizar CON LUPA a sus posibles candidatos a cargos de elección popular, dado los lamentables casos ocurridos en Guerrero donde un alcalde izquierdista ordenó el ataque contra estudiantes normalistas, la situación de la conocida asociación de políticos corruptos denominada GRUPO LOS CABOS, se ha complicado, pues los que han sacado la cabeza para autoproponerse como candidatos son precisamente personajes de muy mala reputación.

Y claro, esta lista es encabezada por el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, conocido por ser autor intelectual de la mayor invasión a un ejido en todo México como lo es el predio LA BALLENA, por la que su compadre César Uzcanga Amador aún sigue preso. Narciso pretende ser candidato a la alcaldía de Los Cabos.

El otro es el propio alcalde Antonio Agúndez Montaño, personaje oscuro, pésimo gobernante y sospechoso de ocultar el manejo del dinero del erario público donde todavía no se sabe a ciencia cierta el destino de 220 millones de pesos.

Sobre la situación legal, acusaciones y también la inhabilitación de funcionarios ligados a esta asociación de políticos corruptos, que se juega su última carta pretendiendo un cargo de elección a fin de lograr impunidad, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño ahora se da baños de pureza exhibiendo una supuesta exhoneración de los cargos en contra ante los medios de comunicación y en cada uno de sus mítines, en los que se presenta como «la mejor opción de la izquierda para la alcaldía de Los Cabos».

Sin embargo lo que no ha explicado es que los procesos en su contra están aún abiertos, tal y como se explica a continuación, conforme a los datos presentados en su edición de esta semana por el semanario de la ciudad de Tijuana ZETA.

El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, decretó auto de libertad a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y su ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez por el delito de incumplimiento de un deber legal en el proceso penal, bajo el número de expediente 096/2012, después de haber ganado una batalla legal en el juicio de amparo 453/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

El caso tiene que ver con la intención del ex gobernante de intentar adueñarse de 7 bienes inmuebles en el fraccionamiento de El Pedregal en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y donde pretendió sin éxito realizar dos operaciones fraudulentas, cuando era gobernador del estado.

La primera a través de una compañía de nombre Las Veredas de San José, S de R.L de C.V, y en la cual figuraba como uno de los socios el hijo del compadre del ex mandatario, Oscar Armando Daccarett Casas, y cuyo contrato establecía un precio de 72 millones 390 mil pesos, de los cuales solo se entregaron 3 millones 810 mil pesos y después se anuló el contrato.

La segunda por medio de una empresa de nombre “Inmobiliaria Fakhir, S.A de C.V”, y originaria casualmente de Torreón, Coahuila, de donde es el compadre del ex gobernador, Oscar Daccarett Habib, y por cuyas propiedades pretendieron pagarse 23 millones 980 mil pesos y donde aparecía como uno de los socios, Hassan Mansur González.

Todo eso obra en el expediente 096/2012 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, y por lo que originalmente, el ex gobernador y su ex secretario general, fueron detenidos y encarcelados por el delito de peculado, y tras promover un juicio de amparo, ganaron y lograron que el delito se reclasificara al de incumplimiento de un deber legal.

Como es sabido, por esas operaciones fraudulentas, el ex gobernador, su ex secretario general de gobierno, incluso el ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, quien dicho sea de paso, es el actual secretario general de la delegación de Cabo San Lucas, fueron acusados penalmente por un quebranto de 55 millones 947 mil 600 pesos.

Bueno, estuvimos revisando la resolución constitucional del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, el auto de libertad a favor de Agúndez y Porras, y fue transcrito de la siguiente manera:

“Se decreta auto de libertad con las reservas de ley, a favor de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, en orden de la comisión del delito de un deber legal, en agravio de la administración pública”.

Preguntamos a un abogado para saber los términos en que fue decretado el auto de libertad, en virtud de que el ex gobernador, dijo que había recibido una “carta de libertad absolutoria” y de que el auto de libertad era “absolutorio”, lo que es completamente falso.

Después de leer la resolución, el especialista en derecho explicó que  “la resolución del juzgado no fue de ninguna manera absolutoria, sino el termino de las reservas de ley o reservas legales, significa que obtuvieron la resolución a su favor por falta de elementos o pruebas, lo que no significa que sean inocente o hayan sido exonerados”.

Es decir, “el juzgado local solo cumplió la orden de un Juez Federal de decretar el auto de libertad, pero dejó abierta la posibilidad de que el expediente sea devuelto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) y se reinicie la investigación y se recaben nuevas o más pruebas y se pueda proceder legalmente en un futuro en contra de los inculpados”.

El abogado dijo que mientras no haya una sentencia absolutoria, y el auto de libertad, haya sido bajo las reservas de ley o reservas legales, el caso no está cerrado. La PGJE, puede promover una impugnación o un recurso de revisión y reclamar el expediente, reiniciar la investigación, recabar más pruebas que no fueron anexadas a ese expediente e integrar todos los elementos y volver a consignar a los inculpados ya sea por el mismo delito u otro, según las pruebas que haya obtenido en sus investigaciones.

Queda claro que el ex gobernador Narciso Agúndez pretende confundir a la opinión pública y a dar esperanza a los seguidores de su proyecto político a la presidencia municipal de Los Cabos, por las siguientes razones.

1.- Erigirse como una víctima y presunto preso político del actual gobierno del estado.
2.- Limpiar su negativa imagen vinculada a actos de corrupción a gran escala, despojo e invasión de tierras.
3.- Reivindicarse socialmente en virtud de que después del caso del ex alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio un golpe de timón y advirtió que no postura aspirantes con antecedentes delictivos y muchos menos aquellos que hayan sido procesados por delitos graves como homicidio, peculado y desviados de los valores éticos de honestidad, congruencia y justicia.

El ex gobernador y aspirante a presidente municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño, le urge publicitarse en los medios y tratar de posicionarse políticamente, sobre todo porque no trae todas consigo.

Habría que recordar que el ex mandatario todavía tiene un proceso penal y un proceso administrativo pendientes de resolverse en el Poder Judicial de la Federación y la Contraloría General del Estado.

El primero es también por el delito de incumplimiento de un deber legal, bajo el proceso penal 261/2011 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal y donde también están implicados los siguientes ex servidores públicos.

1.- Luis Armando Díaz, ex secretario general de gobierno.
2.- Guillermo Jauregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología.
3.- Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, ex oficial mayor del gobierno estatal.

El caso actualmente se revisa en el juicio de amparo, bajo el expediente 329/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

El segundo es un proceso administrativo abierto en su contra en la Contraloría General del Estado, bajo el numero de expediente CGE/065/2011, a raíz de las denuncias penales por el delito de peculado y de incumplimiento de un deber legal, y donde el 28 de octubre del 2011, decretó responsabilidad administrativa en contra del ex gobernador, su ex secretario general, Alfredo Porras Domínguez, y su ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, este último despacha como secretario general de la delegación de Cabo San Lucas, y quienes recibieron la siguiente sentencia.

1.- Agúndez, sanción económica por 27 millones 973 mil 800 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años.

2.- Porras, sanción económica por 13 millones 986 mil con 900 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años.

3.- Garibaldo, sanción económica por 13 millones 986 mil con 900 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años.

La resolución fue impugnada por el ex gobernador y sus ex colaboradores en la Sala Admirativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual –y después de un largo procedimiento—ordenó a la Contraloría General del Estado, reponer el proceso administrativo y el cual está a punto de resolverse.

El proceso administrativo quizá, es el tema mayormente espinoso para el ex gobernador y sus aspiraciones políticas, porque de salir en su contra, prácticamente lo dejaría fuera de cualquier posibilidad de ser candidato y quedaría en firme la resolución de no ocupar ningún cargo en los próximos 6 años, aun y cuando, tendría el derecho de volver a promover un juicio de nulidad que tardaría más tiempo del previsto en el proceso electoral del 2015.

El llamado Grupo de Los Cabos, quedaría prácticamente descobijado. Sin candidato y sin mayores posibilidades de retener la alcaldía, por lo que mucho poco a poco lo han ido dejando solos.

Colectivo Pericú con información del semanario ZETA.