Por Víctor Octavio García

Definiciones

• No a la minería tóxica

El fin de semana pasado el tema minero volvió de nuevo a la agenda local en el sur del municipio de La Paz. Un sorpresivo desplegado conjunto signado por el Ayuntamiento de La Paz y representantes de cerca de cuarenta organizaciones civiles ambientalistas agrupadas en el Frente en Defensa del Agua y de la Vida de Baja California Sur, de pronunciaron contra la explotación minera cielo abierto. Si bien el desplegado nos hizo recordar que el gobierno de la ciudad ha sido renuente en autorizar cambios de uso de suelo para esta actividad, los grandes consorcios mineros no han dejado de porfiar en sus pretensiones.

El desplegado dirigido a Juan José Abud, titular de SEMARNAT y a la opinión pública, el  gobierno municipal de La Paz, Síndico y Regidores encabezados por Esthela Ponce Beltrán, ratificaron una vez más su compromiso de no autorizar cambios de uso de suelo que permitan la explotación de la minería metálica tóxica –como la nombran los ambientalistas– en el valle de La Paz, por el daño irreversible al agua, a la tierra, a las actividades productivas y a la salud de miles de personas que viven en los municipios de La Paz y  Los Cabos. El desplegado lleva como destinatarios a los proyectos mineros del reciclado Grupo Minero México, que agrupa a capitalistas nacionales del norte del país y a trasnacionales de Estados Unidos y Canadá, que pretenden llevarse cientos de millones de dólares en oro y plata, a cambio de desolación, pobreza y muerte.

La postura ratificada por el Ayuntamiento de La Paz de NO A LA MINERÍA TÓXICA en el municipio de La Paz, tiene una alta significación porque se mantiene y se reafirma la conducta inicial de rechazo a esta brutal actividad que de darse, solo enriquecería a un puñado de depredadores del medio ambiente que nada tienen que ver con el estado –ni con el municipio– y traería enfermedad, pobreza y muerte a miles de personas.

Sn perder la perspectiva o limitante con las que siempre nos hemos topado de que el agua ocupa el centro sobre el cual gravita todo en la entidad, y más cuando ésta es escasa y de difícil acceso por las condiciones desérticas de la entidad, por lo que no es exagerado decir que la contaminación minera en las desproporciones en que pretenden llevarla a cabo los dueños de Los Cardones y La Pitalla, –antes fueron Paredones Amarillos– que prenden pulverizar millones de toneladas de tierra en las zonas de San Antonio, El Triunfo y Los Planes, y en las cercanías de la Sierra, solo para sacar unos cuantos gramos de oro por tonelada de material procesado diseminando arsénico en el suelo, en el aire y en los escurrimientos en los mantos acuíferos que acabarían con toda esperanza de desarrollo y de vida, afectando actividades económicas como el turismo, agricultura y ganadería.

La decisión del Cabildo de La Paz de no autorizar cambios de uso de suelo para abrirle las puertas a desarrollos de extracción minera en el valle de La Paz, significa un gran paso pero no lo es todo; las empresas mineras han promovido una serie de amparos que están en curso, unos en nombre propio y otros usando ejidatarios a quienes les tienen empeñada la voluntad con promesas de comprarles o rentarles sus tierras. La lucha aún no termina; los intereses en juego son inmensos.

Igualmente es oportuno destacar –y prevenir—que la actividad minera es de estricta competencia federal, y los últimos Presidentes de la República a partir de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, entregaron millones de hectáreas de tierra en concesiones mineras a extranjeros, y son justo estos grandes intereses los que ahora pretenden abrirse camino en BCS, sin importarles las graves consecuencia para la vida y el desarrollo de la entidad. En pocas palabras, la lucha por la preservación del agua y la vida ha ganado una batalla, más no la guerra que sigue en los Tribunales Federales, y ahí ya sabemos cómo se las gastan los Ministros, Jueces y Magistrados, que en contubernio con el poder político y el dinero, en infinidad de ocasiones han torcido la ley y la justicia. Se ha dado un paso importante, más la lucha no ha concluido.

Así que los competidores políticos que pensaban que los ambientalistas arremeterían contra el Ayuntamiento de La Paz, y sacarían raja política porque esperaban que se enfrentarían con Esthela Ponce, se quedaron con un palmo de nariz, porque en lugar de adversarios, los ambientalistas han forjado una fuerte alianza social con la Presidenta Municipal de La Paz, más allá de toda maledicencia. ¿Qué tal?

Para cualquier comentario, duda o aclaración, diríjase a abcdario_@hotmail.com

SOBRE EL CABRESTO
La semana pasada –jueves– se inauguró el Primer Encuentro Regional de Capacitación, en el marco de la Reforma Constitucional en materia de transparencia de la información pública, coordinada por el Instituto Estatal de Acceso a la Información del Estado, cuyo Presidente es Luís Alberto González Rivera, trabajos que continuaron hasta el día  siguiente. El evento destaca porque es la primera vez que los institutos estatales de  acceso a la información pública se reúnen en esta ciudad de La Paz, lo cual no deja de ser una gran distinción. En esta reunión participan los institutos estatales de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, y otros como Quintana Roo y Jalisco, que concurren como participantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, donde destacó la presencia del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, único de los cinco que asistió,  y la Contralora General del  Estado, Maritza Muñoz, en representación del gobernador del Estado.  En su discurso de bienvenida, Alberto González Rivera destacó el fortalecimiento de una cultura ciudadana a favor de la transparencia, donde los gobiernos y los entes públicos, dispongan de todos los instrumentos para que den respuesta a las exigencias crecientes de transparencia e información de sus gobernados…..Salud.