Por Víctor Octavio García

Laudo y trampa

Si la administración de Esthela Ponce no recurre a los Tribunales Federales a ampararse, no contra el laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Poderes al Servicio del Estado y Municipios, sino contra la trampa de embargarle 13 cuentas bancarias al Ayuntamiento, la historia que está por escribirse fuese otra.

Ayer, Guillermo Beltrán Rochín, Secretario General del Ayuntamiento, dio a conocer que recibieron la protección de la justicia federal para no entregar a la trabajadora, sino a la institución competente las prestaciones que motivaron el pleito laboral, lo que significa que la decisión del tribunal de embargar las cuentas fue una acción ilegal y que las cuentas incautadas, en un lapso de 48 horas serán liberadas.

Pero más allá de lo estrictamente legal –que creo que no esta a discusión– saltan varias interrogantes que nomás no hilan con el sentido o dirección que inicialmente empujó al fallo. El hecho de ejecutar el embargo sin avisar, en viernes, en día de pago y a escasas horas de que los bancos cerrarán, jala demasiadas sospechas. Obvio que el propósito –si es que hay que decirlo así– no fue únicamente garantizar el pago que exige el pago de la indemnización, sino de paralizar las actividades del Ayuntamiento y con ello, pegar sobre la línea de flotación de la alcaldesa.

Lo primero no lo lograron porque el Ayuntamiento ha seguido otorgando sus servicios pese a la situación que priva, no así en cuanto al daño político infringido a la imagen de la alcaldesa, que sin duda fue un golpe en seco, demoledor que exhibió la debilidad institucional del gobierno de la ciudad.

En lo político, la alcaldesa resulto ser la destinataria de tan enorme factura que tendrá que comenzar a desglosar antes de iniciar las liquidaciones correspondientes, no sin antes ubicar el origen de la andanada. En la suma de los totales el común de la gente culpa a la alcaldesa de incompetente, de ser la responsable que le tronará el “cuete” en las manos, cuando en los hechos es, sin duda, la menos culpable. Seguramente hubo desatenciones e incluso indolencia para convenir con la parte demandante, más no resistencia o desacatos para cumplir con el mandato.

El amparo no fue contra el fallo del Tribunal burocrático sino contra el embargo de las cuentas bancarias que han puesto en grave riegos la seguridad y el otorgamiento de los servicios que presta el gobierno municipal. Ayer, Guillermo Beltrán Rochín adelantó que en un lapso de 40 horas las cuentas serán liberadas, que es una simple “presunción jurídica”, más no de que así sea, dado que todavía tendrán que esperar el fallo del Juez Federal que lleva la causa.

Y fue precisamente el embargo de 13 cuentas bancarias lo que generó no solo escozor sino crecidas sospechas en la opinión pública de que el Tribunal obró con dolo y mala leche, sobre todo por los procedimientos que se siguieron con el fin de pegar el famoso “sabadazo”, “sabadazo” que será un vía crucis para la alcaldesa.

En suma, el laudo traía trampas –verbigracia como dice aquel viejo dicho; “el que hace la ley, pone la trampa– así se ve en las perspectiva en como se dio el golpe que mostró la debilidad institucional del Ayuntamiento de La Paz y de paso, la reacción explosiva de la alcaldesa. ¿Échense ese trompo a la uña?

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SOBRE EL CABRESTO
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