• Abogados de Los Cabos totalmente en contra
• En peligro la justicia pronta y expedita
• Llamado a los diputados locales

¡La Postura Oficial!

A la opinión pública

La Asociación de Abogados de Los Cabos, A.C., se encuentra preocupada y consternada por el presupuesto reducido aprobado al Poder Judicial del Estado de Baja California Sur (“Poder Judicial”) presupuesto que atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia en Baja California Sur.

El Congreso del Estado de Baja California Sur (“Congreso”), autorizó como presupuesto de egresos para el año 2014 la cantidad aproximada de $152,000,000.00 de pesos, lo que representa $13,000,000.00  millones menos de lo indispensable para operación básica y $52,000,000.00 de pesos adicionales no aprobados para crecimiento, modernización y nuevas salas orales penales, solicitado por el Poder Judicial en ejercicio de las facultadas exclusivas y propias otorgadas por el articulo 97 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y  artículo 11 fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

Sabemos que para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la justicia, es indispensable contar con tribunales dotados de las garantias materiales que les permitan ejercer su función, y así contar con un Poder Judicial que pueda garantizar el crecimiento en número de juzgados, que pueda dotar capacitación al personal de estos juzgados, y en general que sea una administración de justicia que desahogue la problemática social que se vive en forma diaria y que aumenta cada día.

El monto presupuestario del que disponga el Poder Judicial, es lo que garantizará o no el poder hacer efectivo el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual dispone:

 “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones…”.

De su contenido se desprende, entre otros, el derecho humano de acceso a la justicia y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El derecho de acceso a la justicia supone la obligación del Estado de crear los mecanismos institucionales suficientes para que cualquier persona que vea conculcado o desconocido alguno de sus derechos, pueda acudir ante un tribunal dotado de las suficientes garantías para que atienda su pretensión y obtener la reparación del derecho violado o desconocido. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas implica que existirán tribunales expeditos para impartir justicia en los términos y plazos que fijen las leyes, y que sus resoluciones sean prontas, de ello se desprende que la Constitución establece el derecho a que los tribunales resuelvan los juicios que se les planteen dentro de los plazos que establece la ley.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es el reflejo constitucional de la conocida máxima según la cual “justicia retardada no es justicia”.

Hoy en dia, si bien es cierto que el Poder Judicial no ha logrado hacer plenamente efectivo este derecho a un juicio sin dilaciones, lo cierto es que esto se debe en gran medida a que en el pasado se le castigó al Poder Judicial en materia presupuestaria, quedándose rezagado, al no contar con la infraestructura necesaria para hacer frente a la realidad económica del Estado, al número de problemas que se presentaron y  presentan, como consecuencia se fomentó la existencia de un sistema de justicia débil en detrimento y perjuicio de la sociedad y en beneficio de unos pocos.

El Poder Judicial tuvo un cambio de giro con en la integración de nuevos magistrados, integración que se dio a la titánica tarea de lograr hacer funcional lo básico del Poder Judicial, de planear y generar proyectos de modernizacion, como lo es la creación e implementación del sistema de digitalización de expedientes, consulta y seguimiento de juicios en línea, la apertura de juzgados; uno por lo que respecta a San Jose del Cabo, y otro en La Paz, la implementación gradual para el adecuado conocimiento de los juicios orales mercantiles, pero sobre todo con la implementación de la infraestructura y capacitación para hacer frente a las reformas constitucionales relativas al nuevo sistema de justicia penal, cuya operación comienza en Julio de 2014 en el Municipio de Comondú, Baja California Sur.

Ésta proyección, nos dio la esperanza de que las cosas estaban mejorando, de que solo era cuestión de tiempo el ver materializado los juicios en línea, la ampliación y creación de tribunales a fin de abatir rezagos, la implementación de juicios orales, etc. Y es por ello que nos encontramos preocupados ante la noticia que al Poder Judicial no solo no se le dio presupuesto para crecer, sino que ademas se le redujo, a grado que ya no tendrá lo indispensable para continuar con el número de juzgados que a la fecha ha creado, y sobre toda con la imposibilidad de continuar con el sistema de seguimiento y consulta en línea de juicios, entre otras consecuencias.

Con esta reducción en presupuesto, no solo se afecta al Poder Judicial y abogados como tal, sino que a quién realmente están afectando es a la sociedad, misma que quiere, necesita y exige contar con tribunales independientes, eficientes y generadores de confianza.

La reducción del presupuesto es un retroceso, y un contrasentido a lo que politicamente se maneja cuando se habla de aplicación y respeto de leyes, puesto que si los ciudadanos no pueden tener acceso a tribunales que por su número, infraestructura material y humana no son eficientes, de nada sirve que cuenten con derechos, pues no habra tribunal que les resuelva esos derechos como ordena el artículo 17 Constitucional.

El contar con un Poder Judicial eficiente y fuerte, nos permite aspirar a un mejor nivel de vida, y otorgaría al Estado la posibilidad de ser generador de confianza para la inversión local y extranjera, inversión que sabemos tiene temor ante la falta de seguridad juridica, y es esa desconfianza lo que origina ya no un problema de justicia, sino origina la no creación de empleos o inversiones, la desintegración social y el orillar a la sociedad a hacerse justicia por propias manos.

Vale la pena tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en casos similares como este, y ha considerado a las reducciones presupuestales como violaciones constitucionales que afectan la autonomía e independencia del Poder Judicial y sobre todo el derecho humano de acceso a la justicia de la sociedad en general.

Esperemos que los actores políticos reconsideren esta situación, pues a final de cuentas la sociedad es quién saldría perjudicada.

Atentamente

Lic. Ruy Edgar Lara Diez Martínez
Presidente

Lic. Adrián Real Ordaz
Vicepresidente

Lic. Carmen Alicia Márquez Hernández
Secretaria

Lic. Francisco Arzate Vargas
Tesorero

Lic. Carlos Arturo Sánchez Vélez
Vocal

Lic. José Luis Sapien Soto
Vocal

Lic. Jorge Arturo Alan Vázquez
Vocal

Lic. Eduardo Martínez Ortal
Vocal