“NO TRESPASSING”, LETRERO COMUN EN LAS PLAYAS DEL ESTADO

 

• Son dos décadas de puras pérdidas.
• La ambición y la inutilidad oficial se conjugan.

Mario Santiago

El aproximadamente centenar de hermosas playas que se conocen en las extensas costas de Baja California Sur, famosas mundialmente por sus blancas arenas, sus memorables atardeceres, sus aguas azules que en el horizonte se confunde con el color del cielo así como la tranquilidad incomparable que ofrecen en el golfo y el placer para osadas aventuras en el pacífico, hace cuando menos dos décadas, sus accesos tradicionalmente libres, se han ido cerrando por la insaciable ambición del hombre, pues una gran parte de ellas, sin reglas oficiales claras, o en todo caso confusas, han sido concesionadas a personas que las toman como exclusivas, lo que ha provocado que las familias sudcalifornianas que antes las disfrutaban sin dificultades, sobre todo en los días de Semana Santa, hoy tiene que enfrentarse a cercos con alambradas de puas, enormes piedras que evitan el acceso, zanjas, guardias blancas, casetas de control que a su antojo regulan la entrada y el abusivo cobro que  hacen algunos  inversionistas que  las toman como de su propiedad, cuando la propia Constitución Política del país  lo prohíbe.

Y como no sean palabras ya muy desgastadas de las dependencias involucradas,  SEMARNAT, PROFEPA Y DIPUTADOS, ya sobre los hechos, parece que ninguno tiene la llave para abrirle al pueblo la entrada libre a las playas que desde siempre las habían disfrutado.

SEMARNAT porque tiene en sus manos la facultad de  autorizar o negar obras de infraestructura turística de acuerdo a las leyes ambientales que existen, pero siempre olvidan establecer con claridad las reglas para permitir el acceso sin restricciones. PROFEPA que tiene la facultad y la obligación de abrir las puertas cuando las quieren cerrar, solo se concreta a decir que establecerá una estrecha vigilancia para que todos disfruten del libre acceso, sin que en la realidad esto ocurra. O la actitud de los señores diputados, sin la contundencia de siempre, solo se concretan  a exigir públicamente en los medios informativos, que se eliminen todos  los obstáculos que se levantan en contra de sus representados, pero  no elaboran ningún acuerdo interinstitucional, ni mucho menos convenios con los concesionarios o la aplicación de la  ley, para que se garantice el libre paso.

UN COMPLICADO PANORAMA EN TODO EL ESTADO
En este año del 2013, Semana Santa transcurrirá del 25 al 31 de este mes de marzo, y como ya viene ocurriendo en los últimos años, los vacacionistas estarán en las playas, por las buenas o por las malas, con el permiso de “los dueños” o sin él y esto se presentará hasta que no ocurra alguna tragedia, pues se conjuga el deseo de las familias de disfrutar plenamente estos 5 días de asueto, con los intereses o el egoísmo de algunos inversionistas que ya utilizan las temidas guardias blancas para impedir el paso y que un mal día,  alguna de las partes puede llegar a  enfadarse y perder la cabeza.

Pero el panorama no es tan sencillo.

Es un problema que año con año, se vuelve mas complicado.

Municipio de Los Cabos
En este municipio, que cuenta con 172 kilómetros de costas, llegaron a disponer de 48 playas, número que se ha reducido dramáticamente, pues casi en forma absoluta, en el corredor turísticos San José del Cabo- Cabo San Lucas ya se prohíbe el paso a connacionales.

En la comunidad de Cabo San Lucas la única playa libre que les queda es la conocida como Coral Negro o La empacadora, pero se ve amenaza ante la idea de convertirla en zona peatonal lo que evitaría la circulación de vehículos, incluyendo los del Transporte Urbano lo que prácticamente les impediría llegar a ella pues tendrían que atravesar caminando  el área de la Marina y la zona comercial, con todo y sus utensilios.

Por el momento la idea no ha caminado, pero ahí existe.

Esta playa que suelen disfrutar las clases medias,  no pueden desplazarse a grandes distancias por la falta de un vehículo en condiciones adecuadas, por lo cual viven con el temor de una orden que los perjudique.

Pero este problema  se vive también en San José del Cabo y el llamado corredor Cabo del Este, donde ya casi la totalidad de las playas han sido tomadas por los concesionarios.

Palmilla, una de las mas tradicionales, ahora vive en un constante litigio, pues la empresa “Palmilla San José Inmobiliaria”, para evitarle el paso a los bañistas, se ampara en una concesión que le otorgó la federación,  con visibles signos de corrupción, pues en lo que menos pensó fue en la sana diversión del pueblo.

La fundación “Amigos de Playa Palmilla”, han mantenido una lucha de años para que esta playa no se le arrebate a la ciudadanía. No se oponen a las inversiones que propicien desarrollo y trabajo, pero reprueban a las que violentan la ley y los derechos de la ciudadanía, pensando solamente en  millonarias y rápidas ganancias.

En La Ribera,  los inversionistas  del Desarrollo Turístico “Cabo Riviera” se están adueñando de las playas.

También  Cabo Pulmo, una de las zonas de arrecifes mas importantes del país, ya presenta problemas para los bañistas, buceadores y pescadores ribereños, pues la empresa española Hansa les impide el libre acceso.

La Paz
Los habitantes de esta ciudad capital no son ajenos a este delicado problema. Sus playas que antes disfrutaban con tranquilidad, fueron concesionadas lo que provoca  que cada vez vayan más lejos.

El Coromuel, una de las playas mas tradicionales fue reacondicionada con una inversión de 75 millones de pesos, pero resulta insuficiente para solucionar la demanda, luego de que Narciso Agúndez Montaño vendió lastimosamente  la parte proporcional de El Caimancito, hermosa playa que Víctor Liceaga Ruibal, como gobernante, la había cedido para uso del pueblo. Sin embargo, esta fue rematada a un norteamericano y sus puertas de acceso automáticamente fueron cerradas. Al igual que las de Costa Baja que fue concesionada para la construcción de una zona hotelera y la del hotel La Concha, también contigua al Caimancito, y privatizada desde hace muchos años.

Por la oscura venta que LCM hizo de una gran extensión de El Mogote, Luis Cano, su propietario ha utilizado cercas de alambre y guardias blancas para impedir la entrada.

Hoy, los bañistas tienen que trasladarse a las playas de El Tecolote, Balandra y El  Coyote qué están a una distancia de 16 kilómetros. Otras alternativas son El Sargento y La Ventana, pues la alguna vez concurrida  Ensenada de Muertos ya prácticamente se encuentra sin acceso a causa de un desarrollo turístico que fuera impulsado en la administración de Víctor Castro Cosio cuando fue alcalde.

Otra alternativa que aun queda, es la de San Juan de la Costa que está rumbo a los yacimientos de Roca Fosfórica, que también recibe una importante afluencia de vacacionistas.

Las que tiene Todos Santos ya se encuentran totalmente bloqueadas y la tradicional de Los Cerritos, en las inmediaciones del Pescadero ya tiene sus limitaciones. El norteamericano Tony Córdova que también en el sexenio pasado obtuvo una jugosa concesión en ese lugar, de los dos accesos que tenía, eliminó el más transitado tan solo para estrangularlo  y cobrar 50 pesos por persona. Por más protestas que se presentaron, no se obtuvo ningún resultado, mas que la apatía de las autoridades.

Loreto
Los habitantes de la Capital de Las Californias, viven un cotidiano drama por la pérdida de sus mejores playas, que los días de Semana Santa acostumbran visitar turistas de diversas partes del país y en especial, familias enteras del municipio de Comondú que solamente cuentan con las de López Mateos y La Curva en Puerto San Carlos.

Sus dos mejores playas, Ensenada Blanca y Punta Nopoló, han sido bloqueadas de diferentes maneras para impedirles el paso, principalmente en los días de semana mayor.

En la primera se han colocado enormes piedras que invaden la zona federal y que son movidas con maquinaria pesada, pero que cumplen con su objetivo de impedir el paso. Los ciudadanos culpan en parte a su alcalde Jorge Avilés que gestionó un acceso con el ejido Santo Domingo, pero al final entregó a la empresa Invesment que construyó el hotel Villa del Palmar, un comodato por 90 años. Esa es la versión de los habitantes.

En Punta Nopoló, cuya concesión de playas pertenece a la empresa Loreto Bay, ha hecho lo mismo, permitiendo con grandes problemas el acceso a sus playas, pero los que aceptan esta condición, tienen que dejar sus vehículos a una considerable distancia lo que representa un dilema por el traslado de todos los objetos que se tienen que utilizar en este periodo vacacional.

Pero ya tampoco pueden disfrutar de las tradicionales playas de Notri y Puerto Escondido.

En la conocida como el Bajo, situada al norte de esta comunidad, ahora se encuentra circundada por una alambrada de puas y un portón de tres metros de altura que les impide la entrada.

De nada  ha servido a los loretanos su reiterada queja ante las instancias federales de SEMARNAT y PROFEPA, ni mucho menos la de sus tres diputados que solamente hablan pero que no encabezan ningún movimiento en serio para restituirles este derecho de paso.

Santa Rosalía. El problema ya avanza.
En el extenso municipio de Mulegé, cuya  cabecera municipal es Santa Rosalía, tiene extensas y muy bonitas playas donde las familias, principalmente de cachanía, suelen disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Pero ya también resienten el problema de los bloqueos en las playas: Armenta, La Perla y Bahía Concepción.

Este tipo de problemas, en diversas proporciones, ya ocurre en los balnearios de Punta Chivato, El Coyote, El Burro, Los Cocos, El Requesón, Santispac y San Lucas que son de las más concurridas. Algunas de ellas ya se utilizan como exclusivas.

Momento de demostrar quien tiene el control.
Para los nuevos Delegados Federales, José Carlos Cota Osuna de SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el novel Valerio Castro Santana de PROFEPA (ProcuradurÍa Federal de Protección al Medio Ambiente) y los diputados de la XIII Legislatura, bien podrían conjugar esfuerzos y canalizarlos en defensa de todas las familias que han perdido el disfrute de numerosas playas porque no existe claridad en el otorgamiento de las concesiones. No les haría ningún daño el revisar vigencias y términos de las autorizaciones que recibieron los favorecidos, porque si el problema sigue creciendo, la comunidad pensará que sus autoridades no sirven para nada y podrían tomar la justicia por sus propias manos, como ya ha ocurrido en las playas de Loreto.

Entiendo que SEMARNAT tiene bajo su responsabilidad, revisar todas y cada una de estas concesiones y señalarles hasta que límite llegan sus atribuciones, las que les corresponde de acuerdo a la ley, no la que toman a su gusto.

En el caso de PROFEPA, existe el artículo 8vo.de nuestra Constitución que prohibe terminantemente coartar el paso hacia  cualquier rincón de nuestra geografía.

Solo falta que la apliquen y la hagan respetar, así como normas y reglamentos, e infraccionar  a quien las infringe, pero eso tiene que hacerse con valor y honestidad.

Los diputados cuya fama de trabajo no es tan atractiva, podrían dejar el futurismo político por un rato y actuar con más pasión por quienes los eligieron.

Analizar las leyes federales que ya existen sobre este tema, o elaborar las normas o puntos de acuerdo que sean necesarias. Cualquier cosa, menos cruzarse de brazos.

En el año del 2009, la LX Legislatura  del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo en el cual se exhortaba al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Turismo y SEMARNAT, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, garanticen el derecho de todos los mexicanos al libre acceso a las playas federales.

Si se quiere, se va a poder.