• Otra Vez, la Intolerancia

Antonio Ceja

El desarrollo de un estado se sustenta en las inversiones tanto públicas como privadas. Sin dinero, las entidades estarían sumidas en la miseria, por ello, destinar recursos económicos para desarrollar acciones privadas y sociales se torna indispensable para alcanzar un equilibrio que permita  a los habitantes de una entidad alcanzar un crecimiento en todos los rubros siempre y cuando autoridades y empresarios, sin olvidar otros factores, lleven de la mano un esquema legal para evitar abusos que afecten a la sociedad.

En el estado, el crecimiento económico se ha visto frenado por la simple y sencilla razón de la falta de leyes que permitan, por un lado, orquestar un desarrollo equilibrado y sin sobresaltos y, por el otro, el cumplimiento cabal de las leyes que ya existen formando un circulo vicioso que ya empieza a preocupar.

Esta situación ha obligado a varios ciudadanos a tomar al toro por los cueros y manifestar, con acciones directas, su inconformidad hacia determinados proyectos económicos alegando cuestiones legales, culturales y, en algunos casos, de seguridad.

Loreto, Los Cabos y La Paz han vivido en los últimos meses una serie de eventos motivados por la instalación de casinos, gasolineras, complejos turísticos y de la industria minera. Lo anterior, ha generado una serie de contradicciones donde la ley muchas veces pasa a segundo término.

Loa anteriores ejemplos, son solo parte del iceberg socio económico que priva en el estado. Mientras que las empresas y sus dueño están ávidos de instalar sus industrias, tenemos, por otra lado, personas y organizaciones que buscan frenar las intenciones ya citadas. Todo ello, mientras las autoridades solo ven pasar las cosas y lejos de ponerse a trabajar para evitar malos entendidos y confusiones, las cosas parece que se prefieren dirimir a través de los medios de comunicación.

Si bien las leyes prevén ciertas cuestiones, hace falta actualizar de manera urgente la legislación local en sus diferentes rubros.

Claro que es válido que los empresarios lleguen e inviertan en tierras sudcaliforniana y también, desde luego, se vale que se alcen las voces que están en contra de determinados giros industriales y comerciales. Lo único malo, es que los legisladores, regidores y hasta los cuerpos colegiados no quieren dar un paso al frente porque simplemente no perciben que la globalización ya está rebasando a los sudcalifornianos.

Si las leyes fueran previsoras, como debe ser y las entidades gubernamentales hicieran su trabajo como es su obligación, no tendríamos personas u organizaciones surgiendo cada vez que un proyecto económico empiece a ejecutarse.

Como muestra, basta ver lo que vive Loreto. Este año, se ha detenido la apertura de un casino y recientemente se paralizó la construcción de una tienda de la cadena Soriana por presiones de no más de diez personas. En ambos casos, ha sido una persona de nombre Linda Ramírez Writhe la que ha promovido, junto con otras personas, la desactivación del casino y del almacén comercial. Lo anterior, no ha sido gratuito y hoy esta ciudadana es motivo de amenazas veladas anónimas.

Si las leyes y reglamentos se actualizan y se aplican a rajatabla, la señora Writhe y otras muchas personas no estarían siendo catalogadas como enemigos del progreso.

El caso de Soriana, que pretendía instalarse en una histórica huerta aledaña a la misión loretana, es un ejemplo de que el INAH y el ayuntamiento que encabeza Jorge Avilés simplemente no hacen su trabajo.

Por otro lado, hay veces que las voces que se manifiestan en contra de los empresarios y sus negocios, no tiene razón de ser por la simple y sencilla razón de que la ley le da, a los inversionistas, luz verde para desarrollar sus proyectos.

Son dos cosas diferentes: una, basada en las leyes y su aplicación y la otra, por el simple hecho de quejarse de todo simplemente por ignorancia de las mismas leyes.

Al Aire
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