- ZOFEMAT de Mulegé en manos de Eric Cisneros
Este fin de semana, el presidente municipal de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, le dio vuelo a una nota que habla sobre la recuperación por parte del ayuntamiento del cobro de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Como se recordará, en este espacio le informamos oportunamente que a los ayuntamientos de Loreto, Comondú y Mulegé, se les retiró la facultad de cobrar este impuesto.
La Federación le pidió al Gobierno del Estado que tomara esta medida, debido que los bandidos Yuan Yee, Doctor Villegas y la Lic. Santa Apodaca, se robaban el dinero por completo.
Se sabe que los Ayuntamientos tienen la facultad de cobrar el impuesto correspondiente a la Zona Federal Marítimo Terrestre, pero de lo recaudado tienen que enterar un determinado porcentaje al Gobierno Federal.
Como los alcaldes salientes no tenían llenadera para eso del dinero público, de tal manera que se quedaban con todo lo recaudado, hasta que la Federación y el Gobierno del Estado les pusieron un hasta aquí.
Sin embargo no persiguieron el delito, quien sabe por qué y, ahora esa y otras tantas anomalías duermen en el sueño de los justos. El quebranto al erario se dio de manera flagrante, pero ahora los responsables disfrutan en total impunidad de las comodidades que les brindan las fortunas amasadas desde una Presidencia Municipal.
En el caso de Mulegé, parece ser que ya se está corrigiendo el error, así que de ahora en adelante nuevamente tienen la confianza para recaudar el impuesto de la Z0FEMAT. Lo que no han tomado en cuenta que en la Tesorería se encuentra Eric Cisneros Burgos.
De acuerdo a la cola que arrastra Eric Cisneros, copartícipe en el robo de 30 millones en el Ayuntamiento de La Paz con Rosa Cota y Martín Guluarte, no hay mucha diferencia con su antecesora la Lic. Santa Apodaca.
Con todo, esas banderas que se han echado al viento, no tardarán en caer por el suelo, debido a las mañas del tesorero de Guillermo Santillán.
Colectivo Pericú cita columna LA TALACHA
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Colectivo Pericú 
Estoy de acuerdo de que antes de «importar» funcionarios, deberian de pensar primero en los de casa, que tambien debe de haber instruidos y honestos…O sera que la honestidad no fue requisito?No hubo mas gente con meritos suficientes en las campañas para esa alcaldia? Estaria muy flaca la caballada?O no era caballada, sino burrada?
Nada mal camina el negocio, sobre todo cuando se recuerda que se trata de bienes bajo «el dominio directo de la nación», como lo establece la Constitución de la República: de cada dólar de producción minera en México, 40 centavos terminan en las alforjas de empresas trasnacionales concesionadas por el gobierno federal, especialmente canadienses. Así de sencillo: de los cerca de 10 mil millones de dólares en ventas (dato de 2009, año de la crisis) que oficialmente generó la minería en el país, alrededor de 4 mil millones de billetes verdes fueron a parar a los balances financieros de dichos consorcios foráneos, es decir, la misma cantidad que invirtieron ese año, pero para hacer negocio durante cuando menos dos décadas.
Se trata del boyante negocio de la minería en México (con ingresos majestuosos para los empresarios concesionados, salarios de hambre para los trabajadores y aire para las arcas públicas), que desde hace 20 años pasó del Estado a manos privadas, vía generosas concesiones (paraíso fiscal incluido), por decisión de los gobiernos neoliberales que sin rubor alguno se han pasado la Constitución por el arco del triunfo. A cambio, por cada una de las más de 25 millones de hectáreas concesionadas en dicho periodo para tal fin, semestralmente el erario recibe entre 5.08 y 111 pesos (tarifas 2011), cuando pagan.
En la entrega de ayer se documentó el espeluznante caso de la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Alguien podría suponer que esa es la excepción, pero no: es la regla, por mucho que el secretario de Economía, Bruno Ferrari (titular de la dependencia que expide las concesiones respectivas) asegure que en México “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país… debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, la inversión extranjera directa en este sector durante el sexenio calderonista (2007-2012) ascendería a 22 mil millones de dólares, de los que 13 mil millones se invertirían entre 2010 y 2012. El 75 por ciento de ese capital corresponde a consorcios canadienses (que se quedan con la gran tajada), y 15 por ciento a estadunidenses. Lo mejor del caso es que se trata de bienes bajo «el dominio directo de la nación».
El citado Bruno Ferrari también asegura que los mineros mexicanos tienen «un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional». Si fue chiste, resulta bastante malo, pero peor aún es el panorama salarial para los trabajadores: de acuerdo con la estadística del Inegi, en 1998 la remuneración nominal promedio (salarios y sueldos, siendo éstos mucho mayores que los primeros) en el sector fue de 148.6 pesos; en 2008 ascendió a 231.17 pesos, un incremento de 55.56 por ciento en el periodo, es decir, la mitad del crecimiento inflacionario en igual lapso (108.22 por ciento, con información del Banco de México). De cualquier suerte, con 231.17 pesos a nadie le alcanza para vivir, salvo a Ernesto Cordero.
Lo anterior se compara con los felices resultados para las empresas mineras (nacionales y foráneas) concesionadas por el gobierno federal: entre 1998 y 2008 el número de unidades económicas censadas apenas creció 1.45 por ciento, pero su producción bruta total se incrementó 175 por ciento, sus activos fijos netos 385 por ciento y sus ingresos 165 por ciento. Pero más allá de las tarifas de mentiritas que dice el gobierno que les cobra, su ganancia también se ha fortalecido por otra parte: en igual lapso, el número de trabajadores a su servicio sólo avanzó 11.6 por ciento, de tal suerte que con un salario real cada día menor, las cargas de trabajo se han incrementado brutalmente.
Ese es el resultado concreto de la gerencia instalada en Los Pinos, o si se prefiere el «sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país» (Ferrari dixit), aunque justo es mencionar que en todo esto el Poder Legislativo no está libre de responsabilidad. No sólo aprobó las «modificaciones» (un giro de 180 grados) a leyes secundarias para que «el dominio directo de la nación» en materia minera simplemente quedara en el papel, sino que el tema es de su interés (por llamarle de alguna forma) sólo cuando le es políticamente útil. Para lo demás, el business es el business.
Justo en 2009, cuando las empresas mineras que operan en México obtuvieron los citados 10 mil millones de dólares, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de ley, que en su parte medular proponía «el cobro de un derecho por el 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente». Lo anterior, en el entendido de que los consorcios nacionales y foráneos nada pagan por la enorme riqueza puesta a su disposición por los generosos gobiernos neoliberales.
Uno de los elementos que sustentó tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
Ante tal propuesta, rápidamente la oligarquía minera soltó a sus «cabilderos» –la propia Secretaría de Economía, entre ellos– para que tal iniciativa no pasara de ser leída ante el pleno. Directamente se envió al bote de la basura, y a cambio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 quedó claro que por concepto de regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, el erario recibiría cero peso, cero centavos, y que las tarifas por hectárea serían de 5.08 pesos (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima). Para 2011, la misma ley, aprobada por el Legislativo, ratificó la decisión. El saqueo, pues, institucionalizado.
Las rebanadas del pastel
Otra vez el río de mierda cubre a Nezahualcóyotl y Ecatepec, luego de los desbordamientos del Bordo de Xochiaca y el Dren General del Valle de México. Con el agua hasta el cuello, los habitantes de dichos asentamientos deben recordar el otro río de mierda, disfrazado de discurso y lleno de promesas, que también todos los años dejan correr los políticos: «nunca más otra inundación».
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
«perro que come hocico ni anque le quemen los guevos».. el Eric ya tiene su historia… no cabe duda.. los puestos claves siguen siendo pa los suertudos que se animen a aventar lana pal prd
la iglesia en manos de lutero. dios mio no me des, mejor ponme donde hay.
ZOFEMAT ya no tiene futuro para Mulegé, ahora lo unico que sostiene el municipio es el proyecto minero
DEJENLO TRABAJAR INGADO, NADA LES GUSTA, EL LEMA DEL SR CISNEROS ES QUE SERA EL MEJOR TESORERO QUE HA TENIDO MULEGE, A MI ME GUSTA SU LEMA. Y SI LO HACE BIEN, QUE IMPORTA SU PASADO.
«NO ES LO MISMO, HAY RAZONES PARA CREER» Hasta que no atienda los problemas de agua en los pueblos de Punta Abreojos y La Bocana, ese Lema de Campaña seguira sindo algo ridículo por parte de este amigo que muy poco a dado la cara por los rumbos antes mencionados, en Abreojos la gente ya manifesto tomando las oficinas de SAPA, en La Bocana no tarda mucho en que se haga una manifestación similar, ya que el agua es un problema que agobia a esta comunidad, se hubieran traido otra rata (como Cisneros-Tesorero) de La Paz para que atendiera las desaladoras de La Pacifico Norte
Mano negra no!!!!!
NADA MAS ACERTADO QUE LO QUE SE DICE EN LA NOTA. AHORA LA RECAUDACION EN MULEGE DE LA ZOFEMAT EN MANOS DEL ROTOPLAS ERICK CISNEROS, QUE VIENE A MULEGE A SUPERAR LO HECHO POR LA SANTA APODACA. RESULTA UNA BURLA PARA TODOS LOS ARRASTRADOS QUE AYUDARON AL GUILLE QUE SE TENGA QUE TRAER A ESTE OBSCURO PERSONAJE DE LA PAZ, PARA QUE FUNJA COMO TESORERO, COMO SI EN MULEGE NO HUBIERA QUIEN DESEMPEÑARA ESTE CARGO CON HONESTIDAD Y EFICIENCIA.
Y AL IGUAL QUE LA TECOLOTA, EL ROTOPLAS CISNEROS YA SE CONVIRTIO EN EL MANDAMAS DEL AYUNTAMIENTO, POR ENCIMA DEL SECRETARIO GENERAL, SINDICO, REGIDORES Y DEMAS INUTILES QUE SE DEJAN NINGUNEAR POR EL PACEÑO. ES DE DAR RIZA EL LEMA DE CAMPAÑA, NO ES LO MISMO, HAY RAZONES PARA CREER, SI TU.
A punto de cumplir dos décadas, las modificaciones a la ley minera cumplieron cabalmente con su objetivo: mediante generosas concesiones gubernamentales, los empresarios autóctonos y foráneos dedicados a explotar la riqueza nacional en esta actividad han incrementado sus fortunas de forma exponencial, mientras el país y sus habitantes nada reciben a cambio, salvo el saqueo permanente de las cerca de 25 millones de hectáreas concesionadas en esos 20 años, hasta ahora.
En efecto, en 1992 Salinas de Gortari modificó la ley minera y comenzaron las concesiones al capital privado. En 1993 desapareció el «tope» a la participación extranjera en este sector estratégico (justo antes de la entrada en vigor del TLCAN). En 1996 Zedillo metió el acelerador hasta el fondo, Fox hizo lo propio (2005) y todos, Calderón incluido, entregaron, entregan, concesiones sin ton ni son al capital privado (nacional y foráneo), garantizando el paraíso. Este grupo eliminó impuestos a la actividad minera, autorizó pagos simbólicos por hectárea explotada, redujo a su mínima expresión las normas aplicables a los empresarios concesionados y ha permitido todo tipo de violación a la legislación laboral, fiscal y medio ambiental.
Sirva lo anterior para entender el alcance del nuevo proyecto minero de la canadiense Baja Mining Corporation, empresa que obtuvo una concesión del gobierno calderonista para explotar la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. El colega Tulio Ortiz Uribe, editor de la revista La Tijereta, que circula en dicho estado de la República, documentó el caso y lo comparte con México SA, en una historia que se repite.
Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo, donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las trasnacionales. Baja Mining invertirá mil 300 millones de dólares, pero obtendrá 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma. El consorcio promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida.
Pero en el gobierno federal alguien miente. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari (quien el pasado 16 de junio dio el banderazo de salida), los mineros mexicanos tienen «un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional». Sin embargo la Secretaría del Trabajo documenta que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista; es decir, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad que un empleado de comercio.
Ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. Hoy con Baja Mining: exención de todos los impuestos federales y locales por 20 años; cero impuestos durante 50 años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo, sin costo para los inversionistas, que, «gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida», les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; 6 por ciento es analfabeta; 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; 20 por ciento no cuenta con agua potable; 22 por ciento sin drenaje; 42 por ciento no tienen lavadora y 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios como máximo). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: «la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad».
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición. Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto de Baja Mining (un consorcio canadiense-coreano-japonés): «excelente apoyo federal, estatal y local», y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar. No podía ser de otra forma, con el «excelente apoyo» que reciben de las autoridades.
La ley respectiva establece: “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada (…): durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 8 centavos por hectárea… del décimo en adelante 111 pesos”. Una ganga si se piensa en las 50 mil toneladas de cobre que Baja Mining obtendrá anualmente, con la perspectiva de que el precio internacional del cobre aumente 49 por ciento anual.
A principios del siglo pasado, El Boleo llegó a aportar 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa. Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Con las nuevas tecnologías, en 20 años de El Boleo extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil de cobalto y 500 mil de sulfato de zinc. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra, concluye Tulio Ortiz.
Las rebanadas del pastel
Como diría Eduardo Galeano: «la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar, y otros en perder».