Por Carlos González Muñoz
Poco nos duró el gusto a las y los mexicanos la propuesta de AMLO de clasificar la expedición de facturas falsas como un delito grave, una decisión que frenó en seco a los delincuentes, porque en Baja California Sur esta actividad criminal altamente lucrativa de nuevo se expande sin freno y así lo demuestran notas periodísticas locales recientes. ¿A qué se debe?
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Toda ley antes de someterse a un análisis debe tener un consenso aproximado de la opinión popular. En este caso la reforma eléctrica, no se llevó a cabo como al señor presidente le gusta: que el pueblo diga, que el pueblo opine, primero el pueblo, pero ahora por su santa y presidencial voluntad, satiriza la expresión más elevada de justicia de este país, diciendo que él pensaba que antes era el castillo de la pureza.
Los seres humanos somos falibles, unos más que otros, por sus acciones, don Andrés, no cabe ni en uno ni en otros, ni en los infalibles, ni en los falibles sino en el nido de las contradicciones. Habla de democracia y es precisamente cuando existe un estado de derecho cuyo valor absoluto es la justicia, podemos decir que es un presidente demócrata cuando respeta las decisiones de quienes se encargan de impartir justicia.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suspendió los efectos de la resolución emitida el 22 de agosto de 2020, por una mayoría de MORENA y PT en el Congreso del Estado de Baja California Sur por las que se destituyó e inhabilitó a 5 diputados y amonestó a otros 3 de las minorías parlamentarias, ordenando su inmediata reincorporación al Poder Legislativo con todos sus derechos y atribuciones inherentes al cargo.
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Colectivo Pericú 