Omisiones sospechosas jueces del Tribunal

  • Confirman denuncias en contra de ellos
  • Protegieron intereses del gobierno anterior
  • Ahora gozan de impunidad: ¡nada se ha hecho!
  • Falsa información del juez Sergio Aguilar Navarro
  • Magistrado Héctor Homero Bautista debe ser desaforado

¡Derecho de réplica!

2 - 1 juez sergio aguilar navarro es un falsoEn relación a la aclaración que hace a este medio digital el Lic. Sergio Aguilar Navarro, integrante del H. Poder Judicial, le manifiesto que es falsa su información que da a nuestra sociedad, en su derecho de replica, en su calidad de servidor  publico, por lo siguiente:

Cuando Usted se desempeñaba como Juez Penal en Los Cabos, es cierto que negó la Orden de Aprehencion en contra de CESAR UZCANGA AMADOR y 15 lideres del PRD, esto dentro del Proceso 117/2010, por el delito  de Despojo, todo esto en el sexenio de la ilegalidad de Narciso Agundez Montaño, quien este con su voluntad política apoyó a su compadre antes citado, y USTED en su aclaración publica dice ahora, que no conoce a nadie de estos y que no es cómplice y que no tuvo relación de trabajo con los integrantes del Grupo Los Cabos y que no protegió a nadie y Usted ahora se manifiesta ante la sociedad, que actuó conforme a Derecho.
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«Exilian» a Juez que liberó a Narciso

¡Cambios en Poder Judicial!

3 - 1 juez aguilar navarroLa Paz, B.C.S.- El pleno de magistrados consideró el fin de semana anterior realizar cambios en los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia, entre los que se incluye a Sergio Aguilar Navarro quien liberó a los reos Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez con una fianza, que fue considerada como «irrisoria» por el Procurador Gamil Arreola Leal de 31,700 pesos.

Sergio Aguilar Navarro, quien es señalado como protector del Grupo Los Cabos, fue enviado a Guerrero Negro. Lo suple el juez Eulogio Verdugo Pérpuly
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La vieja prostituta agoniza

Por Lic. Arturo Rubio Ruiz

El reclamo social de acceder a mecanismos funcionales y eficaces de solución de conflictos, se ha ido incrementado exponencialmente en la última década.

Corresponde al Estado, por mandato constitucional, brindar al gobernado la certeza de contar con tribunales competentes, encargados de dirimir controversias de manera justa, pronta y expedita.
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