• Igual ocurre con delegado de la PGR

La Paz, B.C.S.- Tanto la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California Sur como la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) se han negado a dar información acerca del aeródromo Las Arenas, cuya operación fue cedida por el gobierno estatal al estadunidense Joseph Angelo Bravo, quien estuvo preso en su país por tráfico de drogas.

La legislación impide que una persona con antecedentes penales tenga a su cargo la administración de una pista áerea.

“No puedo informarles sobre las investigaciones que realiza la Procuraduría…”, expresó el delegado de la PGR en esta entidad federativa, Javier Dovalá Molina.
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