Jorge Ledesma

• Leonel Cota y Narciso Agundez  operan como delincuencia organizada en el  despojo de tierras

En la  entrega anterior se describían algunos de los  malignos  abusos de poder cometidos por los exgobernadores perredistas en BCS  y  causantes de graves daños socioeconómicos a la entidad, citándose  por ejemplo la expulsión promovida por Narciso Agundez Montaño en el año 2009, de la partida militar enviada a Puerto  Adolfo López Mateos  por el Secretario de Marina  Francisco Saynez en apoyo especial a  comunidades  de Bahía Magdalena.  Pues bien, fortaleciendo esta  tesis de antihéroe del impune narco protector-exhibido como tal hace unos días  en la prensa nacional- , el pasado 26 de junio del 2013  el diario de mayor circulación en la entidad  publicó como nota principal, que la icónica  Exportadora de Sal  de Guerrero Negro ESSA  enfrenta una “crisis sin precedentes”, derivado hacen ver, del caos administrativo- financiero  en que se encuentra sumida la otrora emblemática empresa de la industria paraestatal mexicana, y  estandarizada  por  años como la  número uno del mundo en producción-comercialización de Sal natural con 8 millones de toneladas anuales promedio.

La cual  afirma  la nota de Daniel Herrera, estuvo a punto de ser declarada en huelga por un adeudo de 16.8 millones de pesos a los   trabajadores, y  situación  lamentable en todos los órdenes del bienestar e identidad sudcaliforniana, que es resultado precisamente  de la agresión vengativa  que hizo el citado  Agundez Montaño  en contra de la estabilidad  económica de Exportadora de Sal, al  no poder usufructuarla dictatorialmente como  botín de riqueza  personal, ya que él – hay que recordar  su actitud loco  de poder  con la burla  corporal que hizo de los dolientes del asesinado Jonathan Hernández-  era el gobernador y por tanto también debía mandar absolutamente en ESSA,  usando para sus fines perversos  de  destruir la empresa  la existencia de una notoria inequidad en el pago que hacían   por  los arrendamientos de terrenos ejidales donde desarrollan su rentabilísimo  proceso productivo, recibiendo los ejidatarios, proporcionalmente, una mísera cantidad anual individual no mayor a los 10 mil pesos  por la renta de las tierras pertenecientes a su organización social.
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