La Paz (California) — El escándalo por el presunto desvío de 10 millones de pesos en el Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur no solo ha puesto bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios, sino que también ha colocado al propio gobernador Víctor Castro Cosío en el centro del debate público. En medio de la tormenta mediática, el mandatario estatal lanzó una enérgica condena contra la corrupción, reiterando una postura de “cero tolerancia” frente al saqueo de recursos públicos.

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