Por Carlos González Muñoz
La sociedad sudcaliforniana es bastante permisiva o bien desconoce la decisión que tomó el diputado local del PRI Juan Alberto Valdivia, de aceptar ser el coordinador de la campaña en BCS del candidato priísta a la Presidencia de la República y, simultáneamente, seguir cobrando –perdón, trabajando- como diputado en la actual legislatura local.
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Hemos sido testigos de uno de los episodios más lamentables de la vida legislativa de la entidad, donde la legalidad, el diálogo y la voluntad de la mayoría no son la regla que rige las decisiones legislativas, sino que son argumentos que se toman o se dejan según la conveniencia del momento.
Desde el principio de la actual Legislatura, la Fracción de Acción Nacional dejó ver su intención de imponer sus decisiones por encima de las demás fracciones que integramos este Congreso, argumentando su mayoría asignaron las comisiones la pluralidad del mismo. Amparados en esta mayoría nunca se detuvieron ni pusieron tantas trabas para sacar adelante asuntos que les interesaban, así, en una sesión prácticamente clandestina en la noche, sin discusión previa y sin escuchar los argumentos de las demás fracciones aprobaron sin someter a discusión la ley de ejecución de sanciones, al señalarles las deficiencias del proyecto dijeron que en unos días más se subsanarían mediante las reformas pertinentes. Es hora que esa ley aprobada al vapor no se ha corregido.
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Colectivo Pericú 