Este fin de semana atracó en el puerto de Pichilingue en La Paz, Baja California Sur, un nuevo buque de carga y pasaje, uno de los más grandes de América Latina. Cuenta con más de 180 metros de eslora (Largo de un barco); una magna de 25 metros (punto más ancho de un barco), capacidad de dos mil 715 metros lineales de carga y 200 pasajeros.
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La Paz, B.C.S.- Cumpliendo el compromiso de plantear personalmente ante la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, respecto a las acciones dadas entre Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. (API BCS) y la Empresa Baja Ferries S.A de C.V., el Director General del Centro SCT BCS, el Lic. Carlos Lascurain Ochoa y la Subdirectora de Transporte, Lic. Angelina Alvarez Jiménez se reunirán el próximo martes 25 de septiembre en la Ciudad de México con el Director General de Marina Mercante, Lic. Marco Flavio Rigada Soto y el Director General de Puertos, Lic. Alejandro Hernández Cervantes.
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Por Víctor Octavio García
La semana pasada, ABCdario dio cuenta en este mismo espacio de la existencia de un oficio (DG DG/1016/11) de noviembre de 2011, mediante el cual API-BCS solicitó autorización de la tarifa aludida (ATP). El 16 de diciembre de 2011 se autorizó el cobro de pesaje, y el 13 de enero de 2012 entró en vigencia, cobro que consiste en el manejo complementario a las maniobras para la transferencia de bienes o mercancías en pesaje de vehículos y/o sus complementos en el embarque o desembarque para acceso a la Terminal Portuaria, a todos sus vehículos que ingresen al Puerto de Pichilingue, Baja California Sur y que viajen en los buques de la empresa Baja Ferries S.A. de C. V. Hasta ahí la “razón legal” que puede esgrimir API-BCS en su conflicto con Baja Ferries. Sobre la autorización de las tarifas de Acceso a la Terminal Portuaria (ATP) nada; nada de nada.
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Por Víctor Octavio García
Mientras los forcejeos entre APIBCS y la empresa Baja Ferries continúan dirimiéndose en los medios de comunicación, los saldos que arrojan los arañazos entre Jesús Robles, responsable de la paraestatal y la empresa de Mariano Ruano, han dado pie para que salten a la palestra uno que otro oportunista y se exhiban diputados locales despistados y faltos de oficio que solo buscan los reflectores, más no la aplicación justa de la ley y menos el bienestar de la sociedad.
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Por Víctor Octavio García
De no ser por el cochambre que brotó de las cañerías del sistema jamás nos hubiésemos enterado que la API, –Administración Portuaria Integral–, abdicó en su responsabilidad de cobrar a los usuarios el atraco y arribo de embarcaciones en la terminal marítima de Pichilingue (Acceso a la Terminal Portuaria – ATP) trasfiriendo la sigilosa e ilegal responsabilidad a Baja Ferries, empresa privada que ha hecho lo que le ha venido en gana con la transportación de carga en BCS.
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Colectivo Pericú 