Por Juan Carlos Méndez Ramírez
PRI: “Políticos de Café”
En España sería el “café torero”, para pasar el tiempo de tapa en tapa y de copa en copa, que beben los políticos españoles “parados” -desempleados- con bastante tiempo para la especulación. En México, la expresión “políticos de café” es muy parecida, ya que señala al grupo de políticos, que se reúnen en sus amplios ratos de ocio, para especular sobre su futuro, diversas teorías conspirativas, análisis sin datos ciertos, intrigas de jugada y cuyos resultados son un cúmulo de verdades a medias y mentiras completas.







La XIV Legislatura del Congreso del Estado tiene varias particularidades, entre las que destacaremos tres: La primera producto del exitoso resultado electoral de Acción Nacional que le permite contar con una mayoría holgada de curules, lo que también le da una mayor responsabilidad en la productividad de ese órgano de gobierno; la segunda es que la primera mesa directiva con la que abre su primer año de ejercicio está integrada por legisladores solo del género femenino: Presidenta Diputada Eda Palacios Márquez, Vicepresidenta Diputada Patricia Ramírez Gutiérrez, Secretaria Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez, Pro Secretaria Guadalupe Rojas Moreno; y la tercera en cuanto a su integración por la vía electoral, 15 legisladores de mayoría relativa albiazules, un legislador de mayoría relativa del tricolor –el PRI en su mínima expresión territorial-, dos legisladores de representación proporcional tricolores –que son ambos por segunda ocasión diputados, para algunos priistas espacios desperdiciados para otros se aprovechó la experiencia-, un legislador de representación proporcional del PT –partido que ha demostrado que sabe litigar en los tribunales electorales- , y una legisladora de representación proporcional de MORENA –histórica primera posición legislativa de ese partido en Baja California Sur-.
El primer juicio político que instruyó el Congreso del Estado –si no nos falla la memoria-, fue el que se instruyó contra el ex alcalde comundeño Ricardo “Chato” Covarrubias Villaseñor, ahora sí que por meros motivos políticos derivados de sus fuertes diferencias con el entonces Gobernador Víctor Liceaga Ruibal. La causa legal y administrativa de acuerdo con los datos de la época se derivó de unas supuestas observaciones a las cuentas públicas del ayuntamiento de Comondú, pero obviamente todo mundo sabía que ese enjuiciamiento era solo una venganza política contra el popular “Chato”.