Todos Santos (California) — La posibilidad de que una megatienda de autoservicio sea construida en el corazón de Todos Santos ha encendido una fuerte polémica y un creciente descontento social. Habitantes, comerciantes y representantes comunitarios advierten que detrás del proyecto impulsado por la cadena comercial Chedraui se esconde un intento de imponer intereses corporativos por encima de la ley, la identidad del pueblo y el bienestar de la comunidad.

El proyecto pretende instalarse en la calle Olachea, en la colonia San Vicente, una zona donde el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente establece claramente que las tiendas de autoservicio son usos de suelo no compatibles dentro del centro urbano. Pese a ello, la empresa estaría realizando gestiones para adquirir predios en el área, lo que ha despertado sospechas sobre posibles maniobras para modificar la normativa territorial con el fin de facilitar el desarrollo comercial.

El exdelegado de Todos Santos, Roberto Palacios, ha encabezado las voces críticas contra esta iniciativa. Palacios ha denunciado públicamente que la empresa estaría avanzando en la compra de propiedades aun sabiendo que el uso de suelo actual no permite ese tipo de establecimiento. De acuerdo con su señalamiento, resulta profundamente preocupante que exista la posibilidad de que presiones políticas o tráfico de influencias intenten alterar las disposiciones urbanísticas para favorecer a grandes corporaciones, ignorando tanto las claves catastrales como la legislación vigente.

Para amplios sectores de la comunidad, el problema no es únicamente legal, sino también económico y social. Comerciantes locales advierten que la llegada de una gran cadena de autoservicio podría provocar el desplazamiento inmediato de decenas de pequeños negocios familiares, entre ellos tiendas de abarrotes y comercios tradicionales que durante décadas han sostenido la economía del pueblo.

A esto se suma la preocupación por el impacto urbano. Vecinos señalan que la instalación de una megatienda implicaría un aumento considerable del tráfico vehicular, la circulación constante de camiones de carga y una presión adicional sobre la infraestructura urbana, que ya se encuentra severamente rebasada por el crecimiento acelerado del destino. Muchos temen que este tipo de desarrollo termine alterando de forma irreversible el carácter histórico y cultural que le ha permitido a Todos Santos mantener su reconocimiento como Pueblo Mágico.

La crítica también se dirige con dureza hacia el Ayuntamiento de La Paz, al que diversos sectores acusan de actuar con indiferencia frente a los problemas del crecimiento urbano desordenado en la delegación. Según señalamientos de líderes comunitarios, mientras Todos Santos enfrenta deficiencias en infraestructura, servicios básicos y abastecimiento de agua, el gobierno municipal continúa recaudando impuestos sin invertir proporcionalmente en la comunidad.

En particular, se ha cuestionado la falta de oficinas locales de Planificación Urbana y Comercio, lo que —según denuncian— ha permitido que se acumulen irregularidades, desarrollos desordenados y proyectos que amenazan el equilibrio social y económico del pueblo.

Ante este escenario, la administración municipal enfrenta una decisión que podría marcar el futuro del destino. Para los habitantes de Todos Santos, el dilema es claro: respetar el Plan de Desarrollo Urbano y la legalidad vigente, o ceder ante las presiones económicas de grandes intereses comerciales.

La comunidad ya ha comenzado a movilizarse para impedir lo que consideran un intento de imposición. Diversas voces coinciden en que el mensaje es contundente: el desarrollo no puede construirse violando la ley ni sacrificando la identidad de un pueblo histórico para beneficio de corporaciones externas. En Todos Santos, advierten, el territorio y su vocación no están en venta.