La Paz (California) — Un notorio avance para la sucesión intestamentaria de la Familia Green de Baja California Sur, ocurrió a media semana, cuando se reconoció la legalidad del Título Primordial que es el punto de partida en el conocido como «JUICIO DEL SIGLO» y que avanza hacia su conclusión, una vez que se tomen las medidas de superficie definitivas para la asignación de la propiedad que se reclama en este caso, que se ha prolongado a lo largo de casi 40 años.

Cabo San Lucas, uno de los polos turísticos más relevantes del país, vuelve a colocarse en el centro de una controversia legal de gran escala por la propiedad de extensas superficies de tierra. El litigio gira en torno al denominado Predio Mayor Cabo San Lucas, una extensión que originalmente abarcaba 8 mil 130 hectáreas y cuyo título primordial fue expedido el 3 de marzo de 1871, durante el periodo de gobierno de Benito Juárez.

Lo que parecía un asunto resuelto desde el siglo XIX hoy enfrenta a herederos históricos, inversionistas turísticos, empresas inmobiliarias y autoridades locales, en medio de resoluciones judiciales recientes y serios señalamientos de fraude procesal y corrupción administrativa.

Del proindiviso a la propiedad privada

El origen del conflicto se remonta a 1872, cuando el predio —inicialmente asignado a diez copropietarios con alrededor de 813 hectáreas cada uno— fue objeto de un deslinde oficial que puso fin al régimen de proindiviso. Por instrucción presidencial, el juez y registrador público Mauricio Castro realizó una medición técnica que determinó una superficie efectiva de 8 mil hectáreas, entregando de manera individual 803 hectáreas a cada copropietario.

Este procedimiento extinguió legalmente la copropiedad y dio paso a la propiedad privada individualizada. Por ello, especialistas señalan que cualquier intento actual de sostener que el predio continúa en proindiviso carece de sustento jurídico y contraviene el principio de cosa juzgada derivado de ese deslinde histórico.

Reconocimiento judicial a la familia Green

En este contexto, una resolución judicial reciente marcó un punto de inflexión. Los tribunales reconocieron plenamente la validez y originalidad del título primordial a favor de la sucesión intestamentaria del general Ildefonso Cipriano Green Ceseña hace un par de días, lo que significó un revés para la empresa Inmobiliaria del Cabo, que actualmente ocupa parte de la superficie en litigio.

Dicho reconocimiento ampara un terreno de 613 hectáreas perteneciente a la familia Green, localizado dentro del Predio Mayor Cabo San Lucas y respaldado por el título de 1871, con clave catastral 402-001-0470. Para los defensores de esta causa, el fallo fortalece la certidumbre jurídica de los propietarios con antecedentes documentales claros y continuos.

El reclamo de la familia Macklis Fisher

En sentido opuesto, el litigio impulsado por la familia Macklis Fisher —en representación de la sucesión de Doña Liberata Ceseña, una de las copropietarias originales— ha encendido alertas en el sector inmobiliario.

Registros históricos acreditan que Liberata Ceseña enajenó de manera total sus 803 hectáreas en 1897 a favor de Ernesto Castro G., quien posteriormente, en 1973, transmitió la propiedad a Francisca Cosío, rompiendo así cualquier derecho sucesorio para herederos posteriores.

Pese a ello, la familia Macklis Fisher ha promovido alrededor de una decena de juicios de amparo contra dependencias como el Registro Público de la Propiedad y Catastro, argumentando —sin pruebas documentales válidas— que el proindiviso nunca se disolvió. En sus escritos se citan fechas vinculadas a la Reforma Agraria de las décadas de 1960 y 1970, así como documentos que han sido señalados como insuficientes.

Estas acciones han afectado a propietarios consolidados y a proyectos emblemáticos de la zona, entre ellos Hotel Riu Cabo San Lucas y el desarrollo Misiones del Cabo, además de la propia familia Green. A ello se suman denuncias por la desaparición de libros y protocolos originales en oficinas gubernamentales, presuntamente sustraídos por redes de corrupción, lo que incrementa la percepción de inseguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera.

Litigio contra el Ayuntamiento de Los Cabos

Como parte de su ofensiva legal, la sucesión de Liberata Ceseña, representada por Luis Amabiael Macklis Fisher, demandó al Ayuntamiento de Los Cabos, acusándolo de asignar claves catastrales, realizar trámites administrativos y reconocer derechos de terceros sobre los predios en disputa.

A finales de febrero de 2026, el juez del caso emitió una resolución relevante: negó la suspensión definitiva solicitada, permitiendo que el Ayuntamiento continúe, de manera provisional, con sus funciones administrativas sobre dichos terrenos. No obstante, el juicio de fondo sigue en curso y existe la posibilidad de que, si los demandantes obtuvieran una sentencia favorable, los actos realizados durante este periodo puedan ser impugnados.

Por ahora, las autoridades municipales cuentan con respaldo judicial para seguir operando, mientras que los promoventes del amparo no han presentado documentación concluyente que acredite su derecho.

La definición de este conflicto histórico será clave para garantizar la certeza patrimonial de desarrolladores, hoteleros y familias fundadoras en una de las regiones turísticas más importantes de México, donde la tierra no solo tiene valor económico, sino también un profundo peso histórico y social.