El asesinato de Bernardo Soriano Castro, ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, no solo ha generado consternación a nivel local, sino que ha provocado una reacción institucional desde el extranjero que deja al descubierto la gravedad del contexto de violencia e impunidad que persiste en la entidad y en el país.

A través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), por conducto del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, el gobierno de Estados Unidos expresó públicamente su pesar por el atentado que le costó la vida al ex funcionario, subrayando su trayectoria como un aliado clave en tareas de capacitación y cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el mensaje emitido la tarde de este día, la representación estadounidense destacó que, durante su paso por la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, Soriano Castro mantuvo una colaboración estrecha con INL México, participando activamente en entrenamientos especializados y demostrando —según el propio comunicado— un “compromiso inquebrantable” en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La postura del gobierno estadounidense va más allá de una condolencia diplomática. Al señalar su confianza en que las autoridades mexicanas realicen una investigación exhaustiva y lleven ante la justicia a los responsables, el mensaje adquiere un tono implícitamente crítico: la comunidad internacional observa, evalúa y espera resultados concretos en un caso que involucra a un ex alto mando encargado precisamente de combatir delitos de alto impacto.

“Bernardo dedicó su vida a garantizar que ningún delito quedara impune; su memoria merece ese mismo compromiso”, subraya el pronunciamiento, una frase que resuena como exigencia moral y política frente a un historial de crímenes sin resolver contra servidores públicos, operadores del sistema de justicia y voces incómodas.

El reconocimiento internacional contrasta con la crudeza del escenario local: un funcionario especializado en enfrentar a las estructuras criminales fue asesinado, y ahora la presión para esclarecer el crimen no solo proviene de la sociedad sudcaliforniana, sino también de un socio estratégico de México en materia de seguridad. La pregunta es inevitable: ¿estará el Estado mexicano a la altura del compromiso que hoy, incluso desde fuera de sus fronteras, se le exige cumplir?