La Paz (California) — El escándalo por el presunto desvío de 10 millones de pesos en el Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur no solo ha puesto bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios, sino que también ha colocado al propio gobernador Víctor Castro Cosío en el centro del debate público. En medio de la tormenta mediática, el mandatario estatal lanzó una enérgica condena contra la corrupción, reiterando una postura de “cero tolerancia” frente al saqueo de recursos públicos.

Con un discurso firme y cargado de reproches morales, el gobernador aseguró que ha combatido la corrupción “toda su vida”, sin importar el ámbito donde se presente: partidos políticos, gobiernos o instituciones financieras. En sus declaraciones, calificó como “oprobioso” el deterioro ético que, a su juicio, ha marcado la vida pública del país, lamentando que el cinismo y la impunidad se hayan normalizado.

Castro Cosío cuestionó abiertamente a quienes, pese a ser señalados por irregularidades, continúan desenvolviéndose en la vida pública como si nada hubiese ocurrido. Criticó que personas acusadas de desfalcos sean tratadas como “respetables”, aun cuando —según dijo— gran parte de su patrimonio proviene del saqueo al pueblo. Si bien apeló al “tribunal de la conciencia”, también dejó claro que no debe haber tolerancia ante actos indebidos en el presente.

Sin embargo, la contundencia del discurso contrasta con la gravedad de las acusaciones que han comenzado a circular en torno al caso. El escándalo ha trascendido el ámbito local y fue retomado por Noticieros Televisa y el portal especializado en corrupción Código Magenta, luego de que el implicado señalara que recursos del INVI habrían sido utilizados para respaldar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, quien buscaba la candidatura de Morena.

En esas declaraciones también se menciona al propio gobernador y a quien fuera titular del INVI, Fernanda Villarreal, como presuntos participantes en la disposición del dinero para fines políticos. Aunque dichas afirmaciones deberán ser acreditadas mediante investigaciones formales y bajo el principio de presunción de inocencia, el impacto político del señalamiento es innegable.

La situación coloca al gobierno estatal en una posición compleja: por un lado, el discurso frontal contra la corrupción; por otro, la exigencia ciudadana de claridad absoluta sobre el destino de los recursos públicos y la posible responsabilidad de actores de alto nivel.

En un estado donde la confianza institucional ya enfrenta desafíos, el caso INVI no solo pone a prueba la coherencia del mensaje oficial, sino también la capacidad real de las autoridades para investigar sin sesgos, deslindar responsabilidades y garantizar que el combate a la corrupción no se quede en declaraciones, sino que se traduzca en resultados verificables.