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Una serie de señalamientos colocan en el centro de la polémica al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, tras acusaciones de un presunto desvío de recursos públicos del Instituto de Vivienda (INVI) que habrían sido utilizados para apoyar actividades políticas entre 2022 y 2023.

La acusación surge a partir de un testimonio firmado por Javier Ramírez Manjarrez, excontador del INVI, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presunto peculado y lavado de dinero por 54 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Fiscalía Anticorrupción estatal.

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El testimonio del excontador

Ramírez Manjarrez fue detenido y vinculado a proceso en enero de 2024. En su declaración escrita, señala que parte de los recursos presuntamente desviados habrían sido destinados a respaldar la campaña política del senador Adán Augusto López Hernández, a quien identifica como cercano al mandatario estatal.

El exfuncionario también denuncia que el fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, actuaría bajo consigna y aplicaría la ley de manera selectiva. Estas declaraciones han generado debate público sobre la imparcialidad de la investigación.

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Presunto destino de los recursos

De acuerdo con los señalamientos del excontador, el dinero no solo habría sido canalizado a actividades políticas, sino también a la adquisición de bienes personales, entre ellos:

• Una camioneta Bronco para la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal.
• La compra de una cadena para un familiar.
• El pago de un terreno presuntamente adquirido al diputado Sergio Polanco.
• Pagos vinculados a un vehículo Chrysler 300.
• Mensualidades de una vivienda asociada a Juan Manuel Reyes Cervantes, exdirector de Administración del instituto.

Las acusaciones también alcanzan a Reyes Cervantes, quien habría sido jefe directo de Ramírez Manjarrez dentro del organismo.

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Investigación y críticas por “justicia selectiva”

A más de dos años de iniciadas las investigaciones, las acciones judiciales se han concentrado únicamente en el excontador, su hermano y un familiar cercano, mientras que otros funcionarios de mayor nivel no han sido procesados.

En diciembre de 2024, la propia Fiscalía Anticorrupción confirmó que existían indicios de que recursos habrían llegado a exfuncionarios y al Senado de la República. Sin embargo, hasta 2026 no se había ejercido acción penal contra servidores públicos de primer nivel.

Esta situación ha alimentado cuestionamientos sobre una posible aplicación desigual de la ley. Diversos críticos señalan que la Fiscalía Anticorrupción estatal no cuenta con autonomía plena, ya que depende de la Procuraduría, lo que podría comprometer su independencia operativa.

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Un caso que trasciende el ámbito local

El escándalo ha alcanzado dimensión nacional luego de que medios como Televisa y el portal especializado en corrupción Código Magenta retomaran la información. Algunos lo califican como uno de los mayores casos de presunto fraude en la historia reciente de Baja California Sur.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos directos al titular del Ejecutivo estatal ni sobre la presunta relación política mencionada en el testimonio.

El caso continúa en proceso y será el desarrollo judicial el que determine responsabilidades. Mientras tanto, el debate público gira en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

Al ser entrevistado la mañana de hoy, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío dio su más amplio respaldo a la indiciada Fernanda Villarreal González y llamó «ratero» al ex contado del INVI al que pidió que devuelva todo lo que se robó y que no se olvide, que el dinero lo habían depositado en cuentas bancarias de su madre, que por cierto hoy se encuentran congeladas.