---

La Paz (California) — La salida de Bernardo Soriano del servicio público no pasó desapercibida. Hasta este viernes se desempeñaba como Director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales en la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero fue removido bajo el argumento oficial de “pérdida de confianza en su profesionalismo y lealtad institucional”.

La notificación le fue entregada mediante un oficio firmado por el procurador Antonio López Rodríguez, documento que el propio ex funcionario hizo público a través de sus redes sociales. En él se señala que Soriano habría difundido información y emitido opiniones sobre asuntos que, según la institución, no correspondían al ámbito de su competencia.

Sin embargo, el contexto de su destitución apunta a un episodio más delicado. En fechas recientes, Soriano participó en entrevistas periodísticas donde habló abiertamente sobre la situación de seguridad en Baja California Sur y cuestionó la actuación de algunos ministerios públicos. En esas declaraciones aseguró que en la entidad existen negocios que son víctimas de extorsión mediante el llamado “cobro de piso”, una práctica vinculada a grupos delictivos.

Las declaraciones con el periodista Jesús Taylor en el programa «El Mangle», tocaron fibras sensibles. La narrativa oficial en el estado ha sostenido reiteradamente que ese fenómeno no opera de manera sistemática en Baja California Sur. Que un funcionario de alto nivel lo afirmara públicamente representó un contraste incómodo frente al discurso institucional.

Soriano rechazó la decisión de su destitución y sostuvo que no incurrió en conducta indebida alguna. Calificó la medida como “unilateral” y defendió que sus declaraciones respondían a una preocupación legítima por la seguridad y la transparencia en el actuar ministerial.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento adicional que explique a detalle los alcances de la remoción ni los motivos específicos de la supuesta pérdida de confianza.

Cabe recordar que Soriano Castro había sido reubicado apenas en julio de 2025, luego de haberse desempeñado como Subprocurador General de Delitos de Alto Impacto (SADAI), un cargo estratégico dentro de la estructura de procuración de justicia en la entidad.

La destitución abre preguntas inevitables: ¿fue un asunto estrictamente administrativo o una reacción a declaraciones que incomodaron al poder? En un estado donde la percepción de seguridad es un tema central para la economía y la estabilidad social, la salida de un funcionario tras hablar de extorsiones deja más interrogantes que respuestas.