La Paz (California) — El exsubprocurador de Justicia del estado lanzó una crítica frontal a la política de seguridad vigente, al advertir que el crimen organizado ha avanzado hacia la población civil y sectores productivos que no guardan relación con actividades ilícitas, mientras —acusó— el discurso oficial insiste en negar una realidad que ya se vive en las calles.

El exfuncionario calificó como “una farsa” y “una mentira” la afirmación de que en la entidad no existe el cobro de piso, y recordó que durante su gestión sí se combatieron extorsiones, secuestros y redes criminales, con procesos judiciales que derivaron en sentencias condenatorias. Aseguró que minimizar el problema solo facilita su expansión.

Extorsión normalizada y nuevos blancos

De acuerdo con sus declaraciones, las organizaciones criminales han diversificado sus métodos de control y ampliado sus objetivos, afectando ya a pequeños comerciantes, prestadores de servicios y empresarios, con un riesgo inminente para sectores clave como el turismo. “Se van a ir sobre los hoteleros”, advirtió.

Entre las prácticas descritas se encuentran:

• Tiendas y expendios, obligados a comprar productos específicos y a comercializar artículos impuestos por grupos criminales.
• Venta de alcohol, con cobros ilegales por permitir operaciones fuera de horario.
• Trabajadoras sexuales, sometidas a mecanismos de control como el uso de brazaletes.

Estos esquemas —señaló— reflejan una estructura organizada, con reglas, cuotas y castigos, propia de un fenómeno que ya trascendió el narcomenudeo.

Reclamo político y exigencia de autonomía

El exsubprocurador dirigió un llamado directo a la clase política, a la que acusó de omisión y colusión, y exigió que quienes aspiran a cargos públicos presenten compromisos reales, no discursos. Incluso planteó que quienes ya gobernaron deberían reconocer lo que no hicieron.

Como ejes indispensables para revertir la crisis, propuso:

1. Fortalecer al Ministerio Público, con salarios dignos, protección y herramientas suficientes para su labor.
2. Garantizar autonomía real, separando al Ministerio Público del control del Poder Ejecutivo.
3. Combatir de manera frontal la extorsión, para proteger a comerciantes, empresarios y trabajadores.

“Si alguien quiere representar de verdad a la sociedad, debe asumir la responsabilidad y enfrentar al crimen organizado”, sentenció, advirtiendo que negar el problema solo acelera su avance y pone en riesgo la estabilidad social y económica de Baja California Sur.