La dirigencia estatal del PRI BCS alertó que México atraviesa una etapa de alto riesgo institucional, derivada —afirmó— de decisiones del Gobierno Federal que debilitan la democracia, descuidan la seguridad pública y afectan la economía y los derechos de millones de familias.

La presidenta del partido en la entidad, Roxana Higuera Espinoza, rechazó de forma contundente la llamada “Ley Maduro”, al considerar que busca concentrar el poder, someter a las autoridades electorales, reducir los contrapesos y limitar libertades. Señaló que cualquier intento por controlar árbitros, acallar la crítica y neutralizar a la oposición aleja al país de una democracia funcional y lo encamina hacia prácticas autoritarias.

En materia de seguridad, Higuera Espinoza subrayó que la falta de planeación nacional tiene impactos directos en los estados. Afirmó que en Baja California Sur existe claridad de que la seguridad no puede improvisarse y que, sin diagnóstico, coordinación y rendición de cuentas, las familias quedan expuestas a la incertidumbre.

La dirigente priista también cuestionó las decisiones económicas del gobierno central, al señalar que han presionado el ingreso de los hogares y la seguridad social, particularmente de quienes perciben el salario mínimo. En una entidad con altos costos de vida como Baja California Sur, dijo, es indispensable proteger el poder adquisitivo y poner freno a abusos en servicios esenciales, incluido el ámbito de la salud privada, donde —advirtió— no puede prevalecer la lógica del negocio sin regulación.

Asimismo, destacó que un país que no protege a mujeres, niñas, niños y sectores vulnerables compromete su propio futuro. En ese sentido, llamó a reforzar la atención a la violencia de género, reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado y garantizar nuevos derechos, como la seguridad digital infantil y la protección de los neuroderechos. Subrayó que los derechos no se anuncian, sino que se aseguran con leyes claras y políticas públicas responsables.

Finalmente, Higuera Espinoza sostuvo que el desarrollo económico debe avanzar de la mano con la protección ambiental. Baja California Sur —dijo— requiere inversión, empleo y competitividad, pero también reglas claras, cuidado del entorno y límites al endeudamiento público. Sin instituciones sólidas, planeación y respeto al medio ambiente, advirtió, no hay crecimiento sostenible ni futuro para las nuevas generaciones.

La presidenta del PRI en el estado reiteró que su partido impulsa una visión de país con democracia plena, seguridad con responsabilidad, una economía al servicio de las familias y desarrollo con justicia social. Concluyó que México y Baja California Sur necesitan rumbo, legalidad y compromiso con la ciudadanía, no decisiones improvisadas ni imposiciones.