Baja California Sur.– Durante enero de 2026, las autoridades federales con presencia en la entidad reportaron avances relevantes en materia de procuración de justicia, al iniciar 66 carpetas de investigación, obtener cuatro sentencias condenatorias contra seis personas mediante procedimiento abreviado —con penas que van de tres a nueve años de prisión— y lograr la vinculación a proceso de tres imputados por diversos delitos de orden federal.

Los fallos condenatorios estuvieron relacionados con delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos ambientales y otros ilícitos previstos en la legislación federal. En el mismo periodo, se resolvieron de manera definitiva 62 indagatorias y se judicializaron 24 carpetas de investigación, lo que permitió brindar certeza jurídica a víctimas y denunciantes.

En el ámbito de la investigación judicial, el órgano jurisdiccional autorizó ocho técnicas especiales, consistentes en cuatro cateos, tres aperturas de correspondencia y una intervención para la obtención de información bancaria. Asimismo, como resultado de labores de inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en Cabo San Lucas por un delito contra la salud, con la participación de la Policía Federal Ministerial.

En materia de aseguramientos, dentro del programa permanente de destino legal de bienes, se decomisaron 11 armas (ocho largas y tres cortas), 29 cargadores, 4,900 cartuchos, 4.173 kilogramos de cannabis sativa L., un kilogramo de clorhidrato de metanfetamina y 22 vehículos. De estos bienes, se dio destino final a tres vehículos, tres armas, cuatro cargadores, 25 cartuchos, 481 gramos de cannabis, así como 17 dólares y 650 pesos, los cuales fueron canalizados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, al estar vinculados con diversas carpetas de investigación federales.

En cuanto a soluciones alternas, durante el mes se concretaron dos acuerdos reparatorios mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, contribuyendo a la reparación del daño y a la despresurización del sistema judicial.

Estos resultados fueron informados por la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California Sur, como parte de las acciones para fortalecer el combate a los delitos federales y el estado de derecho en la entidad.