La Paz (California) — Este miércoles 5 de febrero, se llevó a cabo en el Poder Judicial del Estado la audiencia inicial en contra de Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto Nacional de Vivienda (INVI) en Baja California Sur, señalada como una de las figuras centrales en uno de los presuntos desfalcos más relevantes registrados en la historia reciente del organismo.

Durante la diligencia, la defensa legal de la exfuncionaria solicitó un plazo adicional de un mes para analizar a fondo la carpeta de investigación, petición que fue avalada por el juez de la causa. En consecuencia, la continuación de la audiencia fue reprogramada para el 5 de marzo, fecha en la que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción buscará que Villarreal González sea vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Investigación por desvío de recursos públicos

De acuerdo con la investigación ministerial, el caso documenta un quebranto patrimonial de al menos 55 millones de pesos, recursos que estaban destinados a programas de vivienda social para sectores vulnerables de la entidad. El expediente judicial J0881/2025 está integrado por nueve tomos, 13 anexos y más de seis mil hojas, además de material digital con información financiera.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene su acusación en diversos elementos, entre los que destacan movimientos financieros atípicos, transferencias a cuentas no autorizadas, contratos simulados, pagos sin respaldo técnico o administrativo y el uso de intermediarios para dispersar recursos públicos.

Posibles responsabilidades adicionales

Hasta el momento, tres personas se encuentran en prisión preventiva por su presunta participación directa en esta red de desvíos; sin embargo, autoridades judiciales han advertido que la investigación no se limita a estos involucrados. Fuentes del caso señalan que el análisis apunta a una estructura administrativa y financiera más amplia, en la que la exdirectora del INVI habría contado con facultades de decisión, control presupuestal y firma autorizada, factores determinantes para la ejecución del presunto fraude.

El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz, explicó que la postergación de la audiencia responde a una práctica común dentro del sistema penal acusatorio y tiene como objetivo garantizar el debido proceso. Precisó que la carpeta de investigación es extensa y contiene información técnica y financiera que debe ser revisada en su totalidad por la defensa.

Impacto social y expectativa judicial

Más allá del aspecto jurídico, el presunto desfalco al INVI tiene un impacto social directo, ya que los recursos involucrados equivalen a cientos de acciones de vivienda que no se concretaron, apoyos que no llegaron a sus beneficiarios y familias que continúan a la espera de una casa que, según los registros oficiales, ya había sido financiada con recursos públicos.

Auditorías internas y revisiones financieras detectaron irregularidades reiteradas durante el periodo investigado, mismas que derivaron en denuncias penales tras no ser solventadas administrativamente.

La audiencia programada para el 5 de marzo será determinante: si el juez ordena la vinculación a proceso, el caso avanzará formalmente a una etapa judicial que podría revelar nuevas responsabilidades penales y administrativas. De lo contrario, el proceso podría estancarse, enviando un mensaje negativo en uno de los casos de presunta corrupción más sensibles para el sector vivienda en Baja California Sur.