La Paz (California) — En la zona turística más visible de La Paz, a unos pasos del Malecón, el Hotel Los Arcos lleva casi dos décadas convertido en símbolo de un pleito laboral que nunca terminó de cerrarse. Lo que antes fue un punto icónico para visitantes y locales, hoy es un edificio deteriorado que refleja —sin palabras— el costo de un conflicto que ha golpeado a 78 extrabajadores y a sus familias.

Pero en medio del desgaste y la frustración, esta semana surgió un movimiento que podría marcar un giro: una inspección formal para medir daños y definir su impacto en la deuda. No es el final, pero sí puede ser un paso que empuje el caso hacia una conclusión.

La inspección del 30 de enero de 2026: el edificio entra al centro del juicio

El pasado viernes 30 de enero de 2026, se realizó una diligencia en el inmueble para revisar su condición estructural y calcular el deterioro acumulado tras 17 años de huelga. El objetivo: determinar si los daños del edificio podrían “compensar” total o parcialmente el adeudo que la familia Cóppola, propietaria del hotel, tendría que cubrir a los extrabajadores.

La cantidad en disputa ronda 160 millones de pesos, que los trabajadores señalan como resultado de laudos previos a su favor (liquidaciones y salarios caídos).

¿Qué plantea la empresa?

El abogado de la empresa, José Inzunza, explicó la lógica: primero se cuantifican los daños; después se compara esa cifra con la deuda laboral.

• Si al final “queda saldo” a favor de los trabajadores, se pagaría.
• Si el costo de los daños es mayor que la deuda, la empresa sostiene que el juicio debería cerrarse sin pagos adicionales.

En pocas palabras: la empresa busca que el estado del inmueble pese tanto como el laudo laboral, bajo el argumento de que durante la huelga hubo responsabilidades sobre el cuidado del edificio.

¿Qué responden los trabajadores?

Afuera del hotel, los extrabajadores se manifestaron porque sienten que se está dando prioridad al edificio y no a las personas que llevan años esperando justicia. Para ellos, el enfoque en la estructura no debe convertirse en excusa para atrasar —otra vez— la solución.

Omar Orantes, integrante del Sindicato de Gastronómicos y representante en el sitio, cuestionó el contraste: rapidez para lo del inmueble, lentitud para el pago de los laudos. Su mensaje fue claro: seguridad sí, pero también dignidad laboral.

¿Por qué el edificio es parte de la pelea?

La estrategia legal de la familia Cóppola parte de un punto central: durante la huelga, el sindicato habría quedado como depositario del inmueble y, por tanto, con la obligación de resguardarlo.

El sindicato, por su parte, sostiene que ha hecho lo posible con recursos propios para contener el vandalismo, incluyendo vigilancia y cámaras, y que el abandono y el deterioro también están ligados a la prolongación del litigio y a la falta de una salida de fondo.

Un inmueble deteriorado en la “zona dorada” de La Paz

El estado del hotel no pasa desapercibido: hay señales de daño severo, partes desprendidas y un deterioro visible para cualquiera que camine por el Malecón o la zona turística.

En estos años, el edificio ha acumulado episodios que alimentan el debate:

• Incendios, como el registrado en agosto de 2016 en el área de oficinas.
• Saqueos de mobiliario y equipo que, según se ha señalado, estaban dentro al inicio del conflicto.
• Uso del inmueble como refugio por personas en situación de calle.
• El hallazgo de una persona sin vida en su interior en diciembre de 2023.

Todo esto se suma a un punto clave: el hotel está en una de las vitrinas turísticas de la capital. Cada día que pasa, el conflicto se ve, se comenta y se vuelve parte del paisaje.

El origen: noviembre de 2008, cuando se colocaron las banderas

La huelga estalló oficialmente el 21 de noviembre de 2008. La demanda inicial: mejoras salariales y prestaciones. Con el tiempo, el conflicto se volvió un pleito de fondo por liquidaciones, salarios caídos y resoluciones judiciales que —según los trabajadores— han sido favorables para ellos.

De la plantilla original, hoy quedan 78 en la lucha. Y hay un dato que duele: tres extrabajadores fallecieron esperando el cierre del caso; ahora, sus familias quedaron como herederas del reclamo.

Negociación atorada: pagos en abonos vs. cierre rápido

Según los representantes de los trabajadores, la empresa ha planteado pagar en parcialidades durante dos años mientras el hotel se remodela. Los huelguistas rechazan esa idea: después de casi dos décadas, piden una salida rápida y completa, no otro calendario largo con riesgo de incumplimientos.

En paralelo, el sindicato insiste en que el proceso de remate del inmueble sigue su ruta legal, pero que se ha frenado por amparos promovidos por la parte propietaria.

¿Dónde está la esperanza?

Aunque el ambiente sigue tenso, hay señales de que el caso podría estar entrando a una fase definitoria:

1. La inspección y avalúo de daños obliga a poner números sobre la mesa, no solo discursos.
2. El riesgo de Protección Civil y la presión pública por la ubicación turística hacen más difícil seguir “pateando el bote”.
3. Ambas partes hablan, de una forma u otra, de cerrar: la empresa con la vía de compensación por daños; los trabajadores con pago y fin del conflicto.
4. Después de 17 años, el desgaste legal y social es enorme: cada paso procesal nuevo puede empujar hacia un acuerdo.

La clave es que la inspección no se convierta en otra excusa para retrasar, sino en un mecanismo para definir responsabilidades, montos y una ruta final. Si las autoridades actúan con firmeza y las partes se sientan con condiciones claras, sí hay margen para pensar que este conflicto laboral puede terminar pronto.

Lo que está en juego: no solo un edificio

Lo que ocurre en Los Arcos no es únicamente un pleito entre empresa y sindicato. También es una pregunta para La Paz:

• ¿Cómo se permite que un conflicto dure 17 años en el corazón turístico de la ciudad?
• ¿Por qué se acelera lo “material” y se enfría lo “humano”?
• ¿Quién responde por el desgaste de decenas de familias que envejecieron esperando justicia?

Hoy, en pleno Malecón, el edificio sigue ahí, como recordatorio. Pero si este nuevo movimiento procesal se aprovecha bien, Los Arcos podría dejar de ser una postal de abandono y convertirse, por fin, en un caso cerrado: con justicia laboral, claridad legal y una reactivación que La Paz lleva años esperando.