La Paz (California) — La Casa Cuna–Casa Hogar del DIF Estatal, ubicada en la colonia Ocho de Octubre en La Paz, enfrenta una nueva crisis que vuelve a colocar bajo la lupa su funcionamiento interno, sus protocolos de seguridad y la atención que se brinda a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo institucional.

El detonante más reciente fue la fuga de cuatro adolescentes durante el pasado fin de semana, quienes escaparon por una ventana del segundo piso, a una altura superior a los tres metros, para posteriormente brincar la cerca perimetral y huir hacia la calle. El hecho quedó registrado en video por un testigo, evidenciando no solo la vulnerabilidad de las instalaciones, sino la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y vigilancia.

Durante la evasión, al menos dos de las jóvenes resultaron lesionadas por la caída. Si bien todas fueron localizadas posteriormente, el episodio dejó en claro que no se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma de problemas estructurales y de fondo dentro del albergue.

Ante la polémica, la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro, fijó postura pública sobre lo ocurrido y sobre señalamientos de presuntos malos tratos al interior del centro. En sus declaraciones, minimizó las fugas al atribuirlas a la voluntad de las adolescentes de no permanecer institucionalizadas, descartando que se deban a deficiencias en el servicio o a situaciones de maltrato.

Todavía anoche, como si la situación no fuera tensa, se informó de una riña en el interior del lugar, donde los empleados batallaron mucho para separar a las menores que de la discusión pasaron a los golpes.

“Son adolescentes, no son niños, y no quieren estar ahí… no es por el maltrato”, afirmó, argumentando que se trata de jóvenes con “prácticas y gustos de años”, deslindando así a la institución de cualquier responsabilidad directa.

La presidenta honoraria aseguró además que la Casa Cuna–Casa Hogar “está mejor que nunca en todos los sentidos”, que se realizan evaluaciones permanentes y que existe una supuesta “campaña negra” en redes sociales para desacreditar el trabajo del DIF. Asimismo, trasladó el problema al contexto social y familiar de los menores, señalando que muchos provienen de entornos sin padre, madre o con procesos legales complejos.

No obstante, estas declaraciones han generado inquietud y críticas, ya que contrastan con los hechos documentados: fugas nocturnas, adolescentes lesionadas, fallas de seguridad visibles y testimonios que apuntan a un ambiente interno conflictivo. La explicación oficial, centrada en la “voluntad” de las menores, abre un debate delicado sobre la responsabilidad del Estado cuando asume la tutela de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Si bien el DIF informó sobre avances como la reintegración familiar de tres menores en Veracruz y la adopción de otros dos, estos logros no disipan las dudas sobre las condiciones actuales dentro de la Casa Cuna de La Paz ni responden a la pregunta central: ¿por qué adolescentes prefieren arriesgar su integridad física saltando desde un segundo piso antes que permanecer bajo resguardo institucional?

Más allá de discursos y descalificaciones en redes, el caso exige una revisión profunda, transparente e independiente del funcionamiento de la Casa Cuna, de sus protocolos de atención, seguridad y acompañamiento psicológico. Cuando se trata de menores bajo custodia del Estado, la obligación no es solo albergarlos, sino garantizarles un entorno seguro, digno y verdaderamente protector.