La Paz (California) — Con el cierre definitivo del programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, las reglas cambiaron y ahora los autos conocidos como “chocolate” que no fueron legalizados podrán ser decomisados, advirtió el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal recordó que el esquema impulsado por el Gobierno Federal otorgó casi tres años para regularizar estos vehículos, además de facilidades económicas, como un pago mínimo de 2,500 pesos más cargos administrativos, con el objetivo de que los propietarios se pusieran en regla. A su juicio, el tiempo y las condiciones fueron suficientes.

“Hubo muchas oportunidades; no se trata de ver si alguien quiere o no cumplir. Es fundamental que las cosas se hagan conforme a la ley”, señaló.

Castro Cosío reconoció que, tras la conclusión del programa, corresponderá al Gobierno Federal definir las acciones a seguir, particularmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia que deberá determinar los operativos y sanciones contra las unidades que continúen circulando de manera irregular.

Asimismo, subrayó la necesidad de cerrar el paso a la entrada de más vehículos ilegales a la entidad, ya que, aun durante la vigencia del programa, el ingreso de autos “chocolate” hacia Baja California Sur no se detuvo. Como ejemplo, planteó la instalación de retenes permanentes en puntos estratégicos, como Guerrero Negro, para impedir el acceso de unidades no regularizadas.

Cabe recordar que el 31 de diciembre pasado el Gobierno Federal dio por concluido oficialmente el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Dicho esquema fue impulsado durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante decretos y reformas sucesivas que estuvieron vigentes desde finales de 2021.

Sin embargo, ya bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se emitió un nuevo decreto que abrogó los acuerdos anteriores, dando por terminado el programa con el argumento de que había cumplido su objetivo original. Con ello, el marco legal cambió y abrió la puerta a operativos de decomiso contra los vehículos que no aprovecharon el periodo de regularización.