San José del Cabo (California) — A las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en esta ciudad, la abogada Talía Ocampo Gameros, ex agente del Ministerio Público, ofreció una entrevista pública difundida por el medio EL MANGLE y el reportero Jesús Taylor, en la que acusó la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, corrupción y violencia de género al interior de la institución, señalando que enfrenta una “fabricación de delitos” como represalia por haber denunciado a mandos superiores.

En el marco de su cumpleaños número 33, Ocampo explicó que su presencia en la dependencia no obedecía solo a motivos profesionales, sino a lo que describió como una lucha personal para visibilizar prácticas que, aseguró, afectan tanto a trabajadores como a ciudadanos que buscan justicia.

Señala “carpeta fast-track” y represalia por denunciar

De acuerdo con su versión, tras presentar denuncias por presunta violencia de género, institucional y económica, así como amenazas y discriminación, en contra del procurador Antonio López Rodríguez y de César Eduardo Juárez Castillo, su caso habría derivado en la apertura y judicialización acelerada de una carpeta en su contra.

La abogada afirmó que la carpeta Cabo San Lucas/4416/2025 habría sido integrada en un plazo aproximado de 10 días y judicializada en alrededor de tres días, lo que calificó como un avance inusual si se compara con otros asuntos de alto impacto que, dijo, permanecen sin resolución.

Como ejemplo, mencionó investigaciones que, según su señalamiento, muestran rezago o impunidad, entre ellas el multihomicidio de Loreto, casos de violaciones a menores, secuestros en La Paz y el caso conocido como “Circo Rolex” donde un trapecista violó a una jovencita en La Paz,, al que atribuyó varios años sin sentencia.

Exhibe lonas y menciona a funcionarios

Durante la entrevista, Ocampo Gameros mostró lonas con fotografías de diversos servidores públicos a quienes vinculó —según su dicho— con una estructura de intimidación y protección interna.

Entre las personas mencionadas se encuentran:

• Antonio López Rodríguez, a quien atribuyó el papel central en la presunta violencia institucional.
• Adrián Ramos Hinojosa, juez de control, a quien calificó como “corrupto” y sobre quien señaló un presunto conflicto de interés por una relación personal con una funcionaria recientemente nombrada.
• Saúl González Núñez, secretario general, a quien acusó de autorizar cambios y degradaciones de cargo de forma arbitraria.
• Sara Rut Reyes Martínez, defensora pública, a quien señaló por presunta colaboración en la integración de la carpeta y por supuestamente operar un despacho jurídico fuera de su función pública.
• Guillermina Elena Cota Alvarado y María Pina García Santaella, a quienes vinculó con presunto acoso laboral y violencia institucional.

Denuncia condiciones precarias y afectaciones a mujeres

La ex agente del Ministerio Público sostuvo que su salida de la institución fue una renuncia “por dignidad”, ante lo que describió como un entorno de hostigamiento cotidiano. También denunció condiciones laborales precarias, entre ellas la falta de agua en instalaciones de la PGJE, situación que —afirmó— afecta de forma particular a mujeres durante guardias prolongadas o periodos menstruales.

Nueva denuncia y llamado a autoridades y ciudadanía

Ocampo informó que interpuso una nueva denuncia, identificada como LPZ/54/2026, por el presunto delito de intimidación, al considerar que existiría una presión institucional para que se desista o se retracte de sus señalamientos iniciales.

Finalmente, dirigió un llamado al gobernador Víctor Castro Cosío, a quien acusó de tolerar conductas contra mujeres dentro de la institución, y solicitó a la presidencia del Tribunal revisar resoluciones absolutorias en asuntos de alto impacto. También convocó a ciudadanos con carpetas detenidas a manifestarse y exigir atención.

“Justicia de dos velocidades”

La abogada resumió su denuncia con una analogía: una “justicia de dos velocidades”, donde —según su afirmación— el sistema actúa con rapidez contra quienes cuestionan al poder, pero se vuelve lento o ineficaz cuando se trata de investigar delitos graves que afectan a víctimas y familias.