La Paz (California) — La reciente convocatoria a una marcha en el malecón de La Paz para protestar contra la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha desatado una fuerte polémica en Baja California Sur, no por el derecho a la libre manifestación, sino por las formas autoritarias con las que presuntamente se estaría obligando a empleados del Gobierno del Estado a participar.

La movilización, programada para la tarde de este lunes 5 de enero en el tradicional Kiosco del Malecón, es promovida por la presidenta del sistema DIF estatal y esposa del gobernador, Patricia López Navarro, a quien al interior de la administración pública muchos señalan como la verdadera figura de mando en el gobierno estatal.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, la asistencia a esta protesta no estaría siendo voluntaria. A través de grupos de WhatsApp institucionales, jefes inmediatos comenzaron a circular mensajes con carácter de instrucción, exhortando —y en algunos casos presionando— a empleados de diversas dependencias a presentarse en la manifestación. Esta práctica podría configurar faltas administrativas graves, al implicar coacción, abuso de autoridad y uso indebido de recursos y jerarquías públicas con fines políticos e ideológicos.

La preocupación entre los trabajadores no es menor. Exponer públicamente una postura de repudio contra el gobierno de Estados Unidos, como lo han hecho la esposa del gobernador y el propio mandatario Víctor Castro Cosío, podría traer consecuencias personales y familiares para quienes hoy dependen de una visa vigente o aspiran a obtenerla, así como para aquellos cuyos hijos estudian o buscan becas en el vecino país.

El temor se incrementa ante la figura del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, exembajador en México, a quien se le atribuye especial atención a manifestaciones públicas de hostilidad hacia Washington y que, de acuerdo con versiones ampliamente difundidas, ha promovido la cancelación de visas a funcionarios y actores que exhiben posturas de confrontación directa, razón por la cual se le conoce como “el quitavisas”.

Lo más grave de este episodio no es la postura ideológica que se pretenda defender, sino la instrumentalización del aparato gubernamental y del miedo laboral para llenar una protesta que, de otro modo, quizá no tendría respaldo ciudadano suficiente. Obligar a empleados públicos a marchar, a exhibirse políticamente y a poner en riesgo su estabilidad personal y familiar no es militancia, es abuso.

Trabajadores del Gobierno del Estado han solicitado que esta situación se haga pública y que se respete su derecho a no ser obligados a participar en actos de repudio, confrontación u odio que no comparten. La libertad de expresión también incluye el derecho a callar, a no marchar y a no ser usado como relleno político.

En una democracia auténtica, las causas se defienden con convicción, no con listas de asistencia. Cuando el poder recurre a la presión y al miedo, deja de ser causa y se convierte en imposición. Y eso, venga de quien venga, es reprobable.