• El 23 de Marzo de 2019: La noche en que el Estado se Coordinó para Torturar

El 23 de marzo de 2019, en Comondú, quedó marcado como uno de esos días en que la línea entre autoridad y prepotencia se rompió con estruendo. Lo que debió ser un operativo especial de seguridad pública para garantizar seguridad a la sociedad Comundeña, terminó convertido un episodio de violaciones graves a los derechos humanos, el peor que ha resentido Baja California Sur: allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, ahogamientos, golpes con un bat de beis bol, amenazas y tortura sistemática, utilizando instalaciones oficiales para cometer el delito, es decir; la colosal fuerza del Estado destinada con el propósito de destruir la dignidad de nuestra gente.

Aquel día, en operativo especial conjunto, en el que participaron elementos de la Marina, con el control y el dominio de las fuerzas policiacas municipales y estatales, irrumpiendo con lujo de violencia en domicilios particulares y espacios públicos para privar de la libertad y torturar a 10 agentes de policía, como castigo ‘’por andar de grilleros’’, pues las indagatorias registran el móvil de las instituciones de seguridad pública del Estado, con la finalidad de reprimir y castigar las manifestaciones de agentes de seguridad pública que protestaban ante el arribo de mandos castrenses que tomaban la seguridad pública de Baja California Sur.

Las víctimas señalan que fueron arbitrariamente ingresados en celdas de policía, sometidos con violencia extrema, aplicando tormento físico con un bat de beisbol. Para quienes lo vivieron, experimentaron la brutal fuerza del Estado, activada para quebrar, para humillar, para imponer la huella de los más abusivo del poder, en donde se aplicaba a rajatabla el juicio marcial que prohibía ejercer derechos constitucionales, de ahí que la libre manifestación era castigada con el tormento, a la vez que el Estado lanzaba el intimidante mensaje: nadie se puede oponer a los designios supremos del poder político, que utilizaba a las fuerzas armadas en prácticamente todo el país, con el ánimo de apuntalar el proyecto insigne en materia de seguridad pública y que rezaba: ‘’abrazos, no balazos’’ mientras en la plaza publica se escuchaba el eco de la llegada de un gobierno humanista.

La utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública viene de lejos, sin controles civiles efectivos, sin protocolos transparentes y bajo la idea que impone la “mano dura”, la represión hacia quienes osen revelarse, en una voz que se encontraba consonante con el poder ejecutivo estatal, a quien doblaron de inmediato, procediendo a rendir la plaza con la consecutiva entrega de la fuerza pública a la institución armada, quien no dudo en utilizar todo el poder para aplacar la protesta ‘’en caliente’’, no se iba a tolerar la manifestación de los ‘’municipales’’, como despectivamente se les denomina, hacia las fuerzas armadas, mucho menos en cumplimiento de órdenes superiores que dictaban acatar con disciplina los designios que provenían del poder presidencial.

El caso del 23 de marzo de 2019 dejó no sólo cuerpos y almas marcadas: dejó a un municipio comundeño aplastado a quien se le impuso el miedo, la indignación y el silencio obligado. La averiguación del caso registra que fue un operativo de Estado conformado por las diversas instituciones de seguridad pública, actuado de manera coordinada y bajo la rectoría del poder castrense, quien tenía el control de la policía municipal, de la policía estatal y de la agencia estatal de investigación criminal, de modo que no dudo en utilizar los recursos oficiales puestos a su disposición, los mismos que utilizo para destruir la dignidad de ciudadanos Sudcalifornianos. Las victimas se duelen de la repetición de un viejo guion: cuando la tortura involucra a las fuerzas armadas se iza a toda asta la bandera de la impunidad.

La otra cara de la impunidad la constituye el Ministerio Público. Si la tortura es una herida, la impunidad es la infección que la mantiene abierta. En el caso del 23 de marzo de 2019, las víctimas no sólo fueron sometidas a la violencia extrema: también han enfrentado, durante más de 6 años, la revictimización sistemática del Ministerio Público quien ha renunciado cumplir con su función constitucional, no solo se ha negado a investigar, también ha frenado diligencias esenciales como lo es la práctica del Protocolo de Estambul y le ha impedido al asesor jurídico para continuar investigando, es decir; se observa al aparato de procuración de justicia reaccionando como un mecanismo institucional de protección, para impedir que los responsables, que son elementos navales con el mando de seguridad pública, puedan ser llevados ante la Justicia.

Un muro de silencio desde la Marina. La indagatoria también ha sido obstaculizada por el instituto armado, cuyos integrantes se niegan contundentemente para la entrega de información conducente para la investigación. La conducta se repite en las instituciones de seguridad pública municipal y estatal, así como la agencia estatal de investigación criminal y la subprocuraduría que investiga los delitos de alto impacto, todas bajo la rectoría del poder militar, es decir; no es suficiente con permanecer callados, también operan para garantizar impunidad a los verdugos que aún se protegen bajo el cobijo institucional.

El sistema de atención a víctimas desmantelado. Mientras las instituciones cierran filas para procurar la impunidad, quienes realmente deberían estar al centro —las víctimas— han quedado desamparadas en un sistema roto. El sistema de atención a víctimas en Baja California Sur está, de facto, desmantelado: sin recursos para reparar el daño, sin el nombramiento del comisionado ciudadano, sin mecanismos de reparación funcionales, sin una estructura que proteja integralmente a las víctimas. Es un vacío institucional que no solo lastima; si no que revictimiza. Las personas que sobrevivieron a tortura hoy sobreviven, además, a la revictimización institucional en un sistema político en donde las víctimas de Tortura resultan inexistentes.
Ante la gravedad de los hechos, Baja California Sur requiere de un cambio institucional profundo. Es intolerable la utilización de recursos públicos para cometer el delito. El sistema actual no puede investigarse a sí mismo. Mientras el Ministerio Público esté políticamente subordinado al poder político, institucionalmente dependiente y jurídicamente limitado para investigar a los mandos de seguridad pública provenientes de las fuerzas armadas, la tortura seguirá siendo una opción en la agenda pública y los Sudcalifornianos continuaran padeciendo los efectos nocivos de la Tortura.

Por ello debe ser impostergable la creación de una Fiscalía Autónoma Especializada en Tortura y Violaciones Graves a Derechos Humanos, con: independencia real frente a intereses políticos, con capacidades periciales y forenses de alto nivel, con la aplicación estricta del Protocolo de Estambul, con la independencia suficiente para poder tomar una indagatoria a cualquier autoridad, sin intocables, con la supervisión ciudadana constante, de los contrario; es obvio que sin independencia del poder político no habrá justicia para las víctimas y entonces, implícitamente se habrá hecho entrega a los verdugos del salvoconducto de la impunidad y con ello, el permiso para lastimar a nuestra gente, lo que no tendría cabida en un estado que se dice constitucional y democrático de derecho.

El impacto sigue ahí y sigue doliendo. Las familias que fueron atacadas continúan a la espera de la verdad, justicia y la reparación del daño, que las carpetas de investigación dejen de ser manipuladas por el poder político, que el poder estatal y federal se pronuncien y detengan el silencio que lastima. La verdad aún debe decirse. Reconocer que el Estado torturó y que lo hizo en un operativo formal, no clandestino es aceptar una falla profunda en nuestro sistema de Justicia y de Seguridad Pública. Pero negar el hecho sólo perpetúa la herida. Lo ocurrido en Comondú exige una investigación independiente, con perspectiva de derechos humanos, sin privilegios para ninguna institución involucrada. Exige que la voz de las víctimas deje de ser un eco solitario en la arena política, por lo que reclama el reconocimiento oficial de las víctimas de Tortura en Baja California Sur.

La conclusión es inevitable. La impunidad no es un accidente: cuando la Marina no entrega información, cuando el Ministerio Público evita investigar, cuando la Procuraduría protege a los responsables y cuando el sistema de víctimas está desarticulado, no estamos ante un conjunto de fallas. Estamos ante una estructura completa de impunidad. Una arquitectura institucional diseñada para que la verdad no avance y la justicia nunca llegue, en un sistema político donde no les provoca pena ni les sonroja el indignante triunfo de la impunidad. Un Estado que permite la tortura —o la encubre— no puede hablar de Justicia, mucho menos de Libertad. Comondú merece verdad, justicia y garantías de no repetición.

Juan Manuel Alfaro Castro. Asesor jurídico víctimal y defensor de derechos humanos en BCS.