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La Paz (California) — A unos meses del arranque formal del proceso electoral 2026–2027, la iniciativa impulsada por el diputado Venustiano Pérez para reformar la Ley Electoral de Baja California Sur ha encendido el debate público. La propuesta que va a presentar —que pretende eliminar las candidaturas comunes e imponer la alternancia obligatoria de género en todos los cargos de elección popular— es vista por especialistas y actores políticos como un movimiento que podría reconfigurar el tablero estatal con una clara beneficiaria: la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero.

Aunque la iniciativa ni siquiera ha sido presentada en el pleno del Congreso, ya se advierte su carga política. En la práctica, imponer alternancia obligatoria de género en la gubernatura después del gobierno actual implicaría que solo mujeres podrían competir en 2027, un escenario descrito por críticos como un “traje a la medida” para asegurar la candidatura de Quiroga, quien busca posicionarse como la opción del oficialismo pese al desgaste y las controversias que han marcado su administración.

La discusión se intensificó luego de que el exministro Arturo Zaldívar, ahora Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, advirtiera durante su reciente visita al estado que las reformas electorales deben surgir del diálogo ciudadano, no de decisiones unilaterales que puedan generar sospechas de manipulación previa al proceso electoral.

Bajo esa óptica, especialistas en derecho electoral cuestionan que una reforma de esta magnitud avance sin foros, consultas técnicas o mecanismos de participación social. Subrayan que la paridad debe fortalecerse, sí, pero sin convertirla en un candado selectivo que limite la competencia o cierre el paso a perfiles incómodos para determinados grupos de poder.

El tema se torna aún más sensible por el momento en el que se presenta. Modificar reglas en vísperas del proceso 2026–2027 —indican analistas— puede aumentar la incertidumbre política y perfilar un terreno “acomodado” para ciertos proyectos. Incluso con el artículo transitorio que permitiría a los partidos definir libremente el género de su candidatura en esta elección, la lectura dominante es que la reforma abre la puerta para que, a partir de 2027, el camino esté despejado para una aspirante predeterminada.

Mientras tanto, al interior de Morena se percibe tensión: sectores que impulsan a Quiroga celebran la propuesta como un “avance en paridad”, mientras otros advierten que la maniobra podría fracturar la unidad interna y desatar resistencia de figuras que quedarían fuera de la contienda por un criterio impuesto desde el Congreso.

La presentación formal de la iniciativa este martes marcará el inicio de un debate que, sin duda, se mantendrá en el centro de la agenda pública. Porque, más allá del discurso, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿se busca fortalecer la democracia o acomodar sus reglas para favorecer un proyecto político específico rumbo a 2027?

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