La Paz (California) — El dirigente estatal del PAN, Rigo Mares, denunció que la iniciativa del Gobierno de Baja California Sur para reformar la Ley de Derechos y Productos representa un aumento desproporcionado de tarifas, con incrementos que —según dijo— alcanzarían hasta 1,800%, además de la creación de nuevos cobros sin sustento legal.

En conferencia de prensa, calificó la propuesta como “voracidad recaudatoria”, al señalar que comercios, pequeñas empresas, giros regulados y el sector turístico serían los principales afectados. Ejemplificó que un capacitador independiente pasaría de pagar 3,000 a más de 20,000 pesos y que un negocio pequeño podría ver su cuota saltar de 300 a casi 1,500 pesos, sin criterios claros sobre niveles de riesgo.

Mares advirtió que la reforma introduce conceptos inexistentes —como las “anuencias para eventos masivos”— lo que, afirmó, abre la puerta a discrecionalidad y posibles abusos. También cuestionó la falta de consulta pública y acusó que el dictamen busca aprobarse “en fast track” sin estudios técnicos que justifiquen los montos.

El dirigente pidió al Congreso frenar la segunda lectura, atender el llamado de la diputada panista Lupita Saldaña y abrir mesas de trabajo con sectores productivos.

Sostuvo que “la protección civil no puede convertirse en pretexto para castigar a quienes cumplen la ley”, al advertir que este esquema podría incentivar la informalidad y trasladar costos al consumidor.

Aunque Mares no lo expresó de manera directa, el mensaje dejó entrever que el gobierno estatal estaría intentando compensar la falta de recursos en el cierre de la administración de Víctor Manuel Guluarte Castro, así como el recorte presupuestal aprobado por los diputados federales Luis Armando Díaz (PT) y Manuel Cota Cárdenas (PVEM).