La Paz (California) — El nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 dejó al descubierto un golpe político y financiero sin precedentes para Baja California Sur. Lejos de defender a su estado, los diputados federales de Morena/PVEM y PT avalaron —sin protesta, sin reservas y sin una sola coma cambiada— un recorte que prácticamente deja a los municipios sin obra pública para el próximo año. Un precedente devastador que confirma, una vez más, que la llamada Cuarta Transformación le falló gravemente al pueblo sudcaliforniano.

De acuerdo con el dirigente estatal del PAN, Rigo Mares, el recorte asciende a 766 millones de pesos menos que en 2025, una caída real del 6.9% en los recursos federales para la entidad. El golpe es directo a servicios esenciales: salud, infraestructura social y fondos municipales. En salud, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se desploma más del 54%, pasando de 727 a 341 millones. En infraestructura social, la reducción estatal supera los 863 millones, mientras que los municipios pierden 759 millones para obras básicas como pavimentaciones, alumbrado, electrificación y rehabilitación de espacios públicos.

Mares fue contundente: este presupuesto “recorta donde más duele” y abandona a un estado que depende en 83% de los recursos federales. Señaló también a los responsables. Los diputados morenistas por BCS, Manuel Cota Cárdenas y Luis Armando Díaz, aprobaron el recorte sin oponerse, sin reservas y sin una sola objeción para defender a su tierra. “No hicieron nada”, sentenció. En contraste, el panista Francisco “Pancho” Pelayo votó en contra y sí presentó reservas para frenar el impacto en la entidad.

El dirigente panista también criticó la tibieza del gobernador Víctor Castro Cosío, quien —pese a reconocer el recorte— no ha emprendido una defensa real. En el ámbito municipal, recordó que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, admitió que perderá el 75% del fondo de infraestructura, pero optó por justificar el golpe apelando a obras federales no terminadas y que no sustituyen los recursos que permiten operar los servicios básicos.

Quien sí alzó la voz con claridad es la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, alertando sobre afectaciones directas a las comunidades rurales. Para ella, dijo Mares, “no está sola”.

El PAN concluyó que el problema no es técnico sino político: Morena decidió no defender a Baja California Sur. Y anunció que exigirá al Gobierno del Estado una defensa inmediata ante la Federación. “Vamos a pelear cada peso, cada obra y cada derecho de las y los sudcalifornianos”, remató Mares.