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COMPETENCIA IMPUESTA VS. TAXIS TRADICIONALES

Taxis con servicio de aplicación —Uber, Didi…—, protegidos por gobiernos de los tres niveles y por una jueza del Poder Judicial.

Gobernador VMCC y Secretario General, SGN:

TAXIS TRADICIONALES: PRIMEROS EN TIEMPOS, PRIMEROS EN DERECHOS.
Por: Armando León Lezama

Los primeros taxis en BCS iniciaron en la década de 1950, cuando los vehículos particulares comenzaron a ofrecer servicios de transporte a la población.
Para 1960 se establecieron las primeras empresas de taxis en La Paz y Los Cabos.
Ya en la década de los años 70, creció el número de taxis, lo que llevó a la creación de la primera Ley de Transporte en el estado.

En los 80 surgieron las primeras organizaciones de taxistas en BCS para mejorar las condiciones laborales y la seguridad de los conductores.
En los 90, el servicio de taxi en BCS tuvo un crecimiento significativo con la llegada de nuevos vehículos y la apertura de más rutas.
Al inicio del siglo XXI —década del año 2000— comenzó el desafío de la competencia de los taxis por aplicación (Uber…).
En 2017 se elaboró una segunda Ley de Transporte en BCS, que estableció requisitos más estrictos para conductores y vehículos.
En 2020 la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a los taxistas tradicionales en BCS.
Para 2025, los taxis tradicionales siguen siendo parte importante del transporte público en el estado, aunque han tenido que adaptarse a la competencia de las aplicaciones.

Los taxistas tradicionales en BCS continúan luchando por mantener su lugar en el mercado y buscan mejorar su servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios.

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EL IMPERIO DE LA IMPOSICIÓN DIGITAL

Lo que empezó en 2017 como un servicio de vanguardia —con vehículos en buen estado, higiene, profesionalismo, prontitud y vínculo digital—, para 2025 deja mucho que desear en los llamados Didi, Uber y demás.
Vehículos sucios, conductores impropios, precios exorbitantes en fechas de alta demanda: días de pago, Navidad, Año Nuevo, temporada de lluvias, etc.

Vale agregar que no son un servicio confiable; por el contrario, son inciertos.
Algunos vehículos tienen números de placas distintos a los que señala la aplicación; lo mismo ocurre con nombres y fotos de ciertos conductores.

Desde 2017, cuando llegó la modalidad de taxis por aplicación digital a Baja California Sur, han sido protegidos para trabajar fuera de la ley por gobiernos de los tres niveles e incluso por una jueza que recientemente concedió un amparo definitivo para que puedan operar en carretera federal y hasta en aeropuertos con total impunidad, bajo el pretexto de que “están trabajando”.

Actualmente circulan por donde quieren, principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos.
A pesar de que disminuyó el número de unidades y conductores tras un boom inicial —cuando tardaban más en llegar que en hacer la solicitud—, hoy se estima que existen más de tres mil unidades en Sudcalifornia que siguen sin respetar la Ley de Transporte, la Ley de Movilidad, las normas de tránsito ni las regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Día a día se incorporan nuevos conductores y, al parecer, como se sospecha desde 2017, hay inversionistas y personas que mueven los hilos de esta modalidad desde esferas del poder público, de facto e inciertas.
De ahí el blindaje y proteccionismo hacia Uber y demás empresas.

Podemos decir que conductoras y conductores son solo una herramienta más en el funcionamiento de una industria que se cobija bajo el concepto de “servicio privado”.
Y en comparación con los taxis tradicionales —que también son servicio privado y sirven al mismo universo de pasajeros— queda claro que existe un favoritismo evidente hacia los taxis de aplicación digital.

Fue un gobierno estatal panista quien recibió con brazos abiertos a los taxis de aplicación en la península.
Y es un gobierno morenista de la entidad sudpeninsular quien se amolda a la prestación irregular del servicio —aunque lo pretendan presentar como legal—, ignorando el mandato de la Ley de Transporte estatal y la ausencia de control en el Consejo del Transporte Sudcaliforniano, a la vista de la opinión pública.

Ciudadano profesor Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador constitucional:
“Con el pueblo todo; sin el pueblo nada.”
Use su liderazgo ante el Gobierno Federal, legisladores federales y locales, sectores empresariales, gobiernos municipales, universidades y centros de investigación para rescatar y dar su lugar al servicio de taxi tradicional, con 70 años de carta de naturalización sudcaliforniana.
Merecen ser atendidos, no como dádiva, sino como un servicio que forma parte de la identidad de la California del Sur.

El tema ha rebasado la capacidad, voluntad y argumentos de Martín Salinas, director del Transporte en la geografía estatal.
Por el contrario, todo indica que no se manda solo: se acopla a hechos irregulares en la prestación del servicio por taxis de aplicación y por algunas transportadoras de turistas, sin cumplimiento de leyes, ordenanzas y normas.

Cabe decir que recientemente, tras casi una década sin ser molestados por cumplir acuerdos formales, surgieron días de inconformidad de voz alzada.
Eran transportistas turísticos con control federal que fueron escuchados por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a acordar para dejarlos trabajar.

Volviendo al conflicto que inició con la llegada de los taxis por aplicación —competencia impuesta, irregular y ventajosa— contra los taxis tradicionales, seguros y confiables, que además representan identidad local, queda claro que estos últimos fueron los primeros en tiempos y deben ser los primeros en derechos.

Merecen ser apoyados, impulsados, mejorados y defendidos, y no tolerados con indiferencia por quienes deben —y pueden, si hay voluntad— fortalecer su servicio; y, sobre todo, que no desaparezcan.

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