La Paz (California) — El Gobierno del Estado y sus dependencias trabajan contrarreloj para evitar que el precio de la tortilla se dispare en Baja California Sur, un costo que continúa fuertemente presionado por el alza en las tarifas de energía eléctrica y gas, principales insumos de las tortillerías en la entidad. En este contexto, autoridades estatales sostuvieron un encuentro con representantes federales y de la industria para afinar estrategias que amortigüen el impacto en los consumidores sudcalifornianos.

Durante la reunión, encabezada por la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), a cargo de José Alfredo Bermúdez Beltrán, participaron la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como empresas del ramo como GRUMA y HARIMASA, con el propósito de revisar los avances y retos del Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, cuyo objetivo es mantener precios accesibles mediante una cadena de valor más eficiente y sustentable.

Las compañías del sector expusieron que el incremento constante en los costos de energía eléctrica y gas se ha convertido en el principal factor que presiona el precio final de la tortilla, afectando a productores, comerciantes y familias.

Ante esta situación, se acordó gestionar un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para explorar alternativas que permitan reducir dichos gastos. Asimismo, se impulsará —a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)— el acceso a créditos con tasas preferenciales que ayuden a disminuir los costos de operación y fortalezcan la competitividad de las tortillerías.

En Baja California Sur, la producción anual de maíz alcanza las 25 mil toneladas, mientras que otras 15 mil provienen de Sinaloa; sin embargo, la demanda supera las 40 mil toneladas. Por ello, se analizan nuevas estrategias para mejorar la disponibilidad del grano en la entidad.

Bermúdez Beltrán afirmó que la SEPADA mantendrá un trabajo coordinado con el Gobierno Federal para que las acciones del acuerdo se traduzcan en beneficios reales para la economía de las familias sudcalifornianas y permitan frenar cualquier incremento injustificado en el precio de la tortilla.