Santa Rosalía (California) — Cansados de los abusos, de la indiferencia oficial y de la manipulación de los llamados “intermediarios amafiados”, los pescadores de calamar en Santa Rosalía mantienen firme su protesta en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API). Su plantón no es un simple reclamo: es un grito de dignidad de quienes han hecho del mar su vida y su sustento, pero que hoy enfrentan una injusticia intolerable.

Los hombres del mar denuncian que los compradores quieren imponerles un precio insultante: siete pesos por kilo de calamar, cuando este mismo producto —de calidad premium, extraído con esfuerzo y bajo todas las normas ambientales— se vende en el mercado nacional a 15 pesos y en Europa alcanza valores superiores a los cien pesos el kilo. El margen de ganancia para los intermediarios es tan obsceno que convierte el comercio pesquero en una cadena de explotación disfrazada de “libre mercado”.

La mafia del mar y los rostros del abuso

Los pescadores señalan directamente a Francisco Aceves, Marcos Ceseña y Guadalupe Leyva, a quienes acusan de manipular los precios con total impunidad y de ostentar vínculos políticos con el partido MORENA y con una ex candidata a la alcaldía de Mulegé. Según los testimonios, estos personajes no solo acaparan la comercialización del calamar, sino que incluso han amenazado con traer pescadores del estado de Sonora para competir deslealmente, pagar menos y “reventar el mercado local” hasta dejar en la ruina a los productores de Santa Rosalía.

Los denunciantes consideran esto una maniobra ruin y descarada, pues además de atentar contra la economía local, pone en riesgo la sostenibilidad ambiental de la pesca, dado que la zona tiene un equilibrio ecológico frágil y las cooperativas locales han sido ejemplo de cumplimiento de normas y conservación del recurso marino.

La protesta del hambre y la indiferencia del poder

El reclamo es simple y justo: “que paguen lo que vale nuestro trabajo”. Sin embargo, ninguna autoridad estatal ni federal —ni de CONAPESCA, ni de la Secretaría de Medio Ambiente, ni del propio Gobierno del Estado— se ha presentado para atender la protesta, que ya se ha convertido en una manifestación permanente.

Los pescadores aseguran que no levantarán su plantón hasta que las autoridades actúen, pues si aceptaran vender el calamar a cinco o siete pesos el kilo, ni siquiera cubrirían el costo de la gasolina de las pangas. La faena, explican, puede durar más de 12 horas diarias, con el riesgo de navegar de noche, soportar las corrientes del Golfo y enfrentar las inclemencias del clima.

Una burla al esfuerzo del pueblo pesquero

La situación, además de injusta, es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo puede ser que el producto sudcaliforniano, reconocido en mercados internacionales por su calidad, se pague aquí a precios de miseria? La respuesta está en la red de intereses que une a los compradores con el poder político, una alianza que margina al pescador, le roba su ganancia y le arrebata la esperanza.

Mientras los intermediarios especulan desde oficinas con aire acondicionado, los hombres del mar resisten bajo el sol, defendiendo el fruto de su esfuerzo. Lo hacen con orgullo, porque saben que su lucha no es solo por el precio del calamar, sino por la dignidad de todo un sector productivo olvidado.

El mar también se cansa

La protesta de Santa Rosalía debe ser escuchada antes de que la desesperación se convierta en ruptura social. Los pescadores no piden subsidios ni favores políticos: exigen justicia, transparencia y respeto.
Porque en Baja California Sur, el mar no se explota: se respeta y se defiende.

“Nos quieren pagar miseria por el calamar, pero no nos vamos a rendir.
No somos peones de nadie, somos pescadores libres y el mar es nuestra casa.”

Así hablan los hombres del Golfo, esos que hoy enseñan que la lealtad al mar también se cultiva con resistencia.