La Paz (California) — Lo que parecía un trámite administrativo más dentro del Ayuntamiento de La Paz se convirtió en un escándalo internacional. Tras la denuncia del Gobierno de Estados Unidos, que señaló vínculos entre empresas contratadas por el municipio y el Cártel de Sinaloa, el Ayuntamiento se vio obligado a cancelar de inmediato los contratos con las compañías involucradas.

La revelación, difundida por autoridades norteamericanas, ha generado una tormenta política que involucra directamente a la alcaldesa Milena Quiroga Romero y podría alcanzar también al gobernador Víctor Castro Cosío, ya que —según trascendió— el Gobierno del Estado habría autorizado contratos con las mismas empresas bajo observación internacional.

Aunque no se ha confirmado desde cuándo existían estos nexos ni si las investigaciones podrían derivar en sanciones migratorias como la suspensión de visas para funcionarios locales, la noticia ha encendido las alarmas tanto en Baja California Sur como en el ámbito federal.

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El origen del escándalo: empresas sancionadas por Estados Unidos

La Directora del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, Zulema Lazos Ramírez, reconoció públicamente que el organismo mantenía contratos activos desde 2019 con las empresas SUMILAB y FAVELAB, las cuales fueron recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Los contratos, explicó, incluían la compra de material de laboratorio como cristalería, guantes, mascarillas y kits de diagnóstico. Sin embargo, una vez conocida la sanción internacional, el organismo suspendió toda relación comercial con ambas proveedoras y notificó a la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso.

“En cuanto tuvimos conocimiento de que estas empresas estaban vetadas por Estados Unidos, mandamos un oficio a Hacienda y a la Fiscalía solicitando información y enviamos nuestro padrón completo de proveedores para verificar su situación”, detalló Lazos Ramírez.

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El Ayuntamiento intenta deslindarse

Por su parte, la alcaldesa Milena Quiroga Romero aseguró en conferencia de prensa que su administración no encubrirá actos de corrupción y que se actuará conforme a derecho.

“Cualquier empresa que cumpla con sus obligaciones fiscales puede participar en una licitación. Es difícil revisar la calidad moral de cada una, pero ante la alerta internacional, estamos actuando en consecuencia”, afirmó.

La declaración, sin embargo, no ha logrado apaciguar el malestar político ni las críticas dentro y fuera del propio movimiento de Morena. Dirigentes locales y observadores internacionales coinciden en que este tipo de contratos afectan gravemente la credibilidad del gobierno municipal y ponen en entredicho los mecanismos de supervisión de los recursos públicos.

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Implicaciones políticas y diplomáticas

El señalamiento proveniente de Estados Unidos no solo representa un golpe reputacional para el gobierno paceño, sino que podría tener repercusiones diplomáticas y legales más amplias. Si se confirma la relación indirecta entre las empresas sancionadas y los contratos públicos, podrían activarse investigaciones financieras binacionales y sanciones individuales a servidores públicos.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que el Departamento de Estado evalúe la posibilidad de revocar visas a funcionarios involucrados, como medida preventiva dentro de la política anticorrupción y antinarcóticos de Washington.

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Un golpe a la confianza pública

Más allá de las repercusiones políticas, este caso exhibe una falla estructural en los controles de contratación pública y una preocupante falta de verificación de antecedentes en los procesos de licitación. La relación con empresas ahora ligadas al crimen organizado erosiona la confianza ciudadana y deja al descubierto las debilidades de la gestión pública local.

Mientras tanto, en el discurso oficial, las autoridades municipales prometen transparencia. Pero en los hechos, el daño está hecho: La Paz vuelve a estar en el ojo internacional, no por su turismo o su belleza natural, sino por sus sombras administrativas.

La ciudadanía exige respuestas claras y sanciones ejemplares. Porque en un país donde el crimen organizado ha tocado las puertas del poder demasiadas veces, la complacencia se convierte en complicidad.