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Alcaldesa se limitó a decir «que se investigue» antes de subir a su vehículo, cuando periodistas le preguntaron sobre los negocios de su administración con una compañía vinculada por el Departamento del Tesoro estadounidense a redes de lavado de dinero.

La Paz (California) – En un acto que reflejó evasión y prisa, la alcaldesa de La Paz y candidata de MORENA a la gubernatura de Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, declinó responder de fondo y optó por huir de los reporteros que este martes la cuestionaron sobre la polémica contratación de su gobierno municipal con una empresa sancionada internacionalmente por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El incidente ocurrió en el estacionamiento del Congreso del Estado, minutos después de que en su interior se conmemorara el 51 aniversario de Baja California Sur como estado Libre y Soberano. Al ser abordada por los medios de comunicación, que buscaban una explicación sobre por qué el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (OOMSAPAS) realizó negocios con la empresa Favelab S.A. de C.V., la funcionaria apresuró el paso hacia su vehículo.

Ante la insistencia de los periodistas, cuya pregunta central era la razón para establecer relaciones comerciales con una entidad señalada por lavado de dinero, la alcaldesa Quiroga Romero se limitó a responder de manera repetitiva y desde la puerta de su automóvil: «Que se investigue». Al reiterársele el cuestionamiento, añadió: «Que se haga la investigación». Ya dentro del vehivo, y como colofón a la incómoda escena, lanzó una última frase antes de retirarse: «Que se investigue y que se sancione».

Los Contratos en la Mira

La empresa en el centro de la controversia, Favelab S.A. de C.V., fue sancionada oficialmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo de 2023, bajo la acusación de operar con recursos de origen ilícito. Las autoridades estadounidenses notificaron de esta medida al gobierno de México, lo que, en teoría, alertaba sobre los riesgos de tratar con dicha compañía.

A pesar de esta sanción internacional, evidencias documentales confirman que el Ayuntamiento de La Paz, a través del OOMSAPAS, mantuvo una relación comercial con Favelab. Una carta compromiso firmada por la empresa sancionada y el sistema de agua municipal es la prueba fehaciente de que, al menos una de las compañías en la lista negra de Washington, logró obtener contratos con dependencias del gobierno de Milena Quiroga.

La investigación de fondo revela que en Baja California Sur no solo el municipio de La Paz incurrió en esta práctica. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud del gobierno estatal también realizaron contrataciones con empresas del mismo grupo sancionado.

El Contexto Nacional: La Lucha del Cártel de Sinaloa

Las sanciones a Favelab no son un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para debilitar las estructuras financieras del Cártel de Sinaloa. Este mismo lunes, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra ocho personas y doce empresas, presuntamente vinculadas a la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos del encarcelado Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Este movimiento se produce tan solo tres semanas después de que Washington impusiera castigos similares a seis miembros y quince empresas del bando rival dentro de la misma organización criminal, conocido como «Los Mayos». La sangrienta pugna entre estas dos facciones por el control del cártel ha cobrado cientos de vidas en Culiacán, Sinaloa, en el último año.

La negativa de la alcaldesa Quiroga a abordar el fondo del asunto—por qué su administración hizo negocios con una empresa señalada de ser un vehículo para el lavado de dinero de estos grupos criminales—deja una serie de preguntas sin respuesta sobre los controles y la debida diligencia en la contratación pública, planteando una sombra sobre su gestión y su campaña por la gubernatura del estado.