
Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su inconformidad con las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la Ley de Amparo, específicamente con la inclusión de un transitorio que establece retroactividad, lo cual, afirmó, está prohibido por la Constitución.
Durante su posicionamiento, la titular del Ejecutivo federal exigió respeto para la Carta Magna y precisó que la iniciativa de reforma que envió su gobierno «no tenía este agregado que le hicieron en el Senado». Sheinbaum Pardo subrayó que «en las leyes no puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución», a menos que se realice un cambio constitucional explícito que establezca condiciones para contratos previos.
La presidenta señaló que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar dicho transitorio y, en caso de decidir mantenerlo, «tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a que se refiere ese transitorio para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley».
Critican reforma desde la oposición
En contraste, la dirigente opositora ha expresado un rechazo frontal a la reforma. Roxana Higuera, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur, calificó la modificación como un «retroceso y pérdida de seguridad para la ciudadanía en todo el país».
Higuera advirtió que «el peligro de esta reforma propuesta se multiplica cuando recientemente se acabó con la autonomía e independencia del ‘Poder Judicial’». La líder priista afirmó que, con estas medidas, «seguimos avanzando a una dictadura, a un gobierno autoritarista, amedrentando a quien se oponga y critique su actuar».
La presidenta del PRI en BCS finalizó indicando que su partido se opondrá en todo el país a esta y todas las reformas que, a su juicio, atenten contra los derechos de la gente, y alertó sobre el peligro de «quedarnos sin justicia, sin medios para perseguirla y sin oportunidad de mencionarlo».
El debate sobre la Ley de Amparo continúa en el Congreso, donde la Cámara de Diputados deberá revisar el polémico transitorio que ha generado críticas tanto desde la oposición como, de manera destacada, desde la propia Presidencia de la República.
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